Mauricio Macri ya envió a la Legislatura porteña el proyecto de ley que le permitirá cancelar la deuda flotante que heredó de Jorge Telerman, principalmente con las empresas concesionarias del servicio de recolección de residuos domiciliarios. El jefe porteño, tal como ya anticipó este diario, busca la emisión de papeles para pagar a largo plazo, a pesar de la protesta de los acreedores, ya que hay sumas millonarias y otras menores.
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Según el ministerio de Hacienda, Telerman no avisó ni dejó presupuestadas las obligaciones con las que se encontró Macri al llegar a su despacho. Ahora, después de una convocatoria a los acreedores que estaban en esa situación, el gobierno asegura que se deben $ 800 millones y que no puede pagarlo. Por eso el proyecto de ley es doble. Pide por un lado una ampliación de presupuesto (y falta que pida otra para pagar el aumento de salarios) y que se le permita emitir papeles.
Macri hace el pedido a los legisladores en función del decreto que ordenó el relevamiento de «deuda legítima» al 31 de diciembre de 2007, originadas a partir de contratos de obras públicas y de suministros de bienes y servicios.
Dice que «resulta necesario proceder a la cancelación de las facturas pendientes de pago» que suman $ 800 millones y que debe «practicar las compensaciones presupuestarias pertinentes». Es decir, pide una ampliación de gastos.
Después, el ejecutivo porteño solicita se lo faculte para «emitir certificados de consolidación» para cancelar esas deudas.
Plazo
Esos bonos serán emitidos en pesos, a un plazo máximo de 42 meses, según la propuesta del gobierno porteño y tendrán una « amortización de capital en una única cuota, cumplido el plazo máximo previsto». Los servicios de interés se considerarán a tasa variable, equivalente a BADLAR, pagaderos trimestralmente.
El Gobierno porteño, si la Legislatura aprueba la ley, tendrá a su vez la facultad de dictar la reglamentación de la misma.
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