Más sospechas en demora por Greco

De todos los escándalos por denuncias de corrupción que enfrentó el gobierno en el último año, sin dudas el que más cantidad de fondos involucró es el caso Greco. Casi u$s 200 millones de dólares se intentó pagar a los ex miembros y herederos de ese grupo mendocino por compensaciones que surgieron de un dudoso proceso judicial, en el que los abogados del Estado están sospechados. Pero, además, el proceso de autorización de pago llegó al Congreso escondido dentro de una ley, que sólo gracias a las denuncias de la oposición pudo trabarse.

Curiosamente, la investigación de ese caso es la que menos ha avanzado -no es que el resto de los escándalos esté ni siquiera cerca de una solución-, a pesar de que sus protagonistas y sospechados no están ya en el gobierno, como Felisa Miceli, o hayan pasado por la administración en épocas de un opositor, como Roberto Lavagna.

Ese punto, de todas formas, no es el que más preocupa por estos días. Resulta increíble que la Auditoría General de la Nación no haya podido, a ocho meses de comenzar la investigación de ese tema, emitir un dictamen sobre qué sucedió.

Dos interpretaciones complican ese informe: con las constancias que tienen los auditores generales quedarían complicados tanto los representantes del área jurídica del Ministerio de Economía en tiempos de Lavagna -fue cuando el Estado pasó de reclamarles deuda a los Greco a reconocerles fondos a su favor, aunque por la mitad de lo que finalmente se les intentó pagar-, como la propia Miceli, que firmó el proyecto y lo mandó al Congreso a aprobar en octubre de 2006. Por lo tanto, el dictamen de la AGN parece hoy un fantasma que no conviene a nadie.

Nada ayuda a que ese informe vea la luz. En la última reunión del Colegio de Auditores se aceptó el pedido de excusación total que presentó uno de ellos, César-Arias, ante la recusación que había presentado contra él el Grupo Greco, que aún sigue litigando intentando el pago.

Pero no todos los auditores estuvieron de acuerdo con esa decisión. Sólo uno de ellos consideró que las razones para apartar a Arias no estaban justificadas.

Los representantes de los Greco argumentaron la falta de independencia al haber actuado Arias como procurador del Tesoro y secretario de Justicia en la aplicación de las mismas leyes que sirvieron de base para la intervención y expropiación de los bienes a los mendocinos.

Pero para las normas de la Auditoría sólo existe incompatibilidad cuando el cargo genera una relación con el ente que se está auditando, algo que en este caso no sucede.

Otra demora entonces, en un expediente en el que hace meses los auditores deberían haber dado su opinión.