No es necesario hurgar en la historia, simplemente anotar el último fin de semana. En la Argentina, hoy, por lo menos hay un desaparecido (Julio López), un secuestrado (Hernán Iannone) y en las últimas 48 horas hubo tres asesinatos de ciudadanos que se negaron a entregar su vehículo a unos delincuentes. Por supuesto, no hay detenidos, nadie sabe de pistas. Se confirma la imagen latinoamericanizada del país, al tiempo que desde el poder se minimizan los hechos y hasta se entregan planillas sobre la presunta eficacia de los funcionarios en el área de seguridad. Además, casi cómplice -o con curiosa desidia-, se revela el comportamiento de los grandes medios de prensa: los hechos se desvían hacia páginas periféricas, no se concatenan entre sí, casi es una forma de ignorarlos. Tal vez sea un acostumbramiento de los argentinos a la violencia, a una forma de vida que se suponía nunca iba a llegar al país y de pronto se ha instalado. Aunque la persistencia de figuras como Juan Carlos Blumberg, o lo que él representa demandando formas de justicia, indican que la sociedad no acepta fácilmente estos episodios. Sorprende que el gobierno no advierta este reclamo ni se compadezca de los que pierden la vida o la libertad y, en cambio, en las áreas de seguridad se discuta sobre «cajas».
La administración Kirchner debió (obligada) instalar ayer la cuestión de la seguridad entre los temas centrales de la agenda del gobierno. El drama de la inseguridad es el que mayores costos políticos le depara al patagónico. Este rubro encabeza el ranking de la preocupación ciudadana. El 59,7% de la población sostiene que la Casa Rosada se muestra débil ante el avance delictivo.
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Ese reclamo volvió a instalarse ayer tras el asesinato de un joven de 39 años que quiso evitar que le robaran el auto en una bajada de la autopista Dellepiane, en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Los delincuentes lo ejecutaron de dos balazos frente a su esposa. Fue en un horario en que estaba amaneciendo. La pareja se había detenido a esperar que el semáforo le habilitara el paso. El lugar está considerado por los médicos del hospital Piñero como «zona peligrosa». Ese nosocomio recibe a diario heridos de bala (ver vinculada).
El viernes, a cuatro cuadras de allí, un mayor del Ejército fue asesinado a balazos por un grupo de delincuentes que lo atacó cuando se trasladaba en su automóvil.
El gobierno ha adoptado como estrategia guardar silencio ante estos casos «para no colaborar -argumentan- en la elaboración de una psicosis». Pese a los intentos de no confundir sensación de inseguridad (una especie de termómetro que mide el humor social) con las tasas de victimización,los niveles de seguridadno han decrecido, ni siquieradespués de la última marchaque Juan Carlos Blumberg encabezó hasta la Plaza de Mayo.
En el centro de los cuestionamientos aparecen el ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian y el ministro de Interior, Aníbal Fernández. Los culpan de adoptar las medidas adecuadas para frenar el crecimiento delictivo.
El gobierno quedó en «offside» ante la noticia del robo a Barbara Bush, una de las hijas mellizas del presidente de los Estados Unidos, registrado hace dos domingos en un bar de la plaza Dorrego. El episodio dio la vuelta al mundo cuando una pareja de punguistas arrebató la cartera de Barbara Bush sin que los custodios del servicio secreto norteamericano pudiesen detenerlos.
Desmentida
El emblemático caso provocó que la Embajada de Estados Unidos emitiera un comunicado ayer desmintiendo que haya recomendado firmemente a las hijas de Bush que acortaran su visita a la Argentina.
Es tal el grado de desconfianza en la población que sólo 28% de quienes sufren un hecho delictivo lo reporta a la Policía.
Un estudio de victimización de la consultora Nueva Mayoría sostiene que la tasa de delincuencia se ha incrementado 121% entre 1985 y 2005, mientras que el volumen de delitos ha crecido 182%.
La fundación Axel Blumberg se ha convertido en una especie de oficina pública donde se reciben incontables denuncias de secuestros y asesinatos. La ciudadanía ve a esa organización más confiable que las comisarías y la propia Justicia.
Desde hace casi dos semanas permanece secuestrado Hernán Ianonne. Fue secuestrado en la localidad bonaerense de José C. Paz. Se sospecha que el ilícito tiene vinculaciones políticas y que habrían actuado policías exonerados por Arslanian.
Hasta ahora son todas hipótesis porque el joven todavía sigue desaparecido.
El lunes pasado en Adrogué, un empresario fue secuestrado y liberado cinco horas después al pagarse un rescate.
En Carapachay un comerciante también fue víctima de un secuestro express, pero se arrojó del auto y esquivó los balazos corriendo por el medio de la autopista.
Un directivo de una empresa instalada en Puerto Madero debió entregar tres autos y dinero para recuperar sano a su hijo que fue secuestrado en avenida Del Libertador.
Por la violencia en el fútbol se estuvo a punto de paralizar el campeonato cuando se propuso que los partidos se jugaran «sin hinchas visitantes» y sólo lo presenciaran socios y abonados de clubes locales. En lo que va de 2006 resultaron heridos 10 policías por mes como consecuencia de los incidentes en los estadios (es decir, 104 efectivos policiales). Unos 16 patrulleros fueron atacados y recientemente un helicóptero policial recibió impactos de bala por parte de hinchas.
El fenómeno trasciende lo futbolístico: los barras bravas actúan como grupos de choque, como en el Hospital Francés (barras de Chacarita) y en San Vicente (Estudiantes de La Plata), durante el traslado de los restos de Perón. Es que «las barras bravas son polifuncionales al poder», según admiten algunos funcionarios.
Este escenario enreda al gobierno, que debe hacer equilibrio entre los abolicionistas del sistema punitivo y la sociedad que reclama terminar con los secuestros, asaltos y asesinatos.
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