El diario uruguayo La República reveló este jueves que el presidente José "Pepe" Mujica no le aceptó la renuncia al ministro del Servicio Exterior Julio Baráibar, quien presentó su dimisión luego de dar a conocer un intento de "coima" al presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo.
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Mujica, al ser consultado por ese mismo medio sobre los acontecimientos, prefirió no realizar comentarios públicos. No obstante, dijo que en las próximas horas mantendrá una reunión con Baráibar.
Según relata el diario, todo sucedió en forma vertiginosa. El miércoles por la mañana Baráibar declaró a Radio Uruguay que estaba en conocimiento de que sí había existido un intento de soborno en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), lo que había sido desmentido días pasados por el canciller Luis Almagro.
"Bustillo me contó con detalles que lo habían querido sobornar, que se había negado a aceptar la oferta y que había informado a sus superiores", expresó el embajador itinerante y además asesor de Mujica.
Baráibar también cuestionó la carta que el canciller argentino Héctor Timmerman remitió a Almagro el pasado lunes, en la que solicita, ante las "graves" denuncias publicadas por medios periodísticos "respecto a posibles irregularidades y eventuales hechos de corrupción en la prorroga del contrato de mantenimiento del canal Martín García con la firma Riovía SA", se realice una "auditoría especial de las actuaciones en la CARP".
El reclamo de Timmerman generó la inmediata respuesta de Almagro, quien a través de una nota fechada también el pasado lunes 14 expresa que los intereses de Uruguay se ven afectados por la posposición del cronograma de obras de dragado del canal. Pidió "instrumentar un concurso de precios" para el mantenimiento del mismo, y "poner en conocimiento de la opinión pública las actas de las reuniones de la CARP".
A pesar de tales declaraciones, desde el gobierno se aseguró que la postura del Uruguay continuaría por el carril de las "negociaciones" y no endurecer la relación para no generar fricciones. En ese contexto surgieron las declaraciones de Baráibar, que generaron sorpresa tanto en ámbitos gubernamentales como en filas de la oposición.
A media tarde, a raíz de estas reacciones, Baráibar presentó su renuncia formal ante el canciller Almagro, a través de una nota en la que considera que sus dichos relativos a un intento de cohecho "no involucran en forma alguna" ni al gobierno uruguayo ni al argentino. Al tiempo que afirma que daba un paso al costado "para no afectar las relaciones bilaterales ni dañar la imagen del gobierno"
Esta situación generó la rápida reacción del canciller Almagro, quien mantuvo una extensa reunión con el presidente Mujica en el piso 11 de Torre Ejecutiva. Luego del encuentro, desde la Cancillería se informó que la renuncia presentada por Baráibar no era aceptada y que el gobierno se "tomará un tiempo para estudiarla".
"El ministro y el gobierno no pueden prestarse a trascendidos de prensa, sino que deben abocarse al trabajo diario que por estos momentos es lograr la realización del dragado, lo que para el país es algo muy importante", dijo el canciller, al tiempo que ratificó su respaldo a la delegación uruguaya ante la CARP y al presidente de la misma, Francisco Bustillo.
Las declaraciones de Baráibar fueron relativizadas por el vicecanciller uruguayo, Roberto Conde, un rato después al señalar que lo único que existe es "una transmisión oral a un funcionario de la CARP (Comisión Administradora del Río de la Plata) que dice haber recibido una versión de una persona externa sobre presuntos arreglos, eso cuando la delegación uruguaya lo conoció lo dejó registrado en actas".
El lunes, el gobierno argentino había solicitado a Uruguay la realización de una auditoría conjunta de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP, binacional) para despejar las dudas sobre versiones publicadas por el diario El Observador de Montevideo, sobre supuestos hechos de corrupción en el mantenimiento del dragado del canal binacional Martín Garcia.
Uruguay respondió un día después fijando un "plazo máximo" de 60 días para que se expidiera una comisión investigadora.
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