Los sindicalistas ortodoxos, que militan en la CGT y en las 62 Organizaciones, siguen organizando el traslado de los restos de Juan Domingo Perón desde la Chacarita a la quinta que el general habitara en San Vicente, con su segunda esposa, Evita. Lo que otorga a este dato carácter de noticia es que el juez Jorge Noro Villagra, según el último informe que llevó a la mesa de Hugo Moyano el laboralista Héctor Recalde, sigue sin autorizar la exhumación del cadáver.
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Noro Villagra responde al reclamo de Marta Holgado, la supuesta «hija de Perón», quien interpuso una medida de no innovar y, además, lamentó: «¿Cómo lo van a llevar a papá tan lejos? ¿Va a estar allá? ¿Solo?». Un planteo que tiende a ser cada vez más representativo: circula en las bases del peronismo la queja por lo que costará ahora visitar el mausoleo del líder, un trámite que hasta ahora no demandó más que un boleto de colectivo o subte hasta el cementerio. ¿Ya hay un sindicalista armando la flota de pequeños vehículos para comerciar con el miniturismo que promoverá la nueva morada de los restos de Perón?
Oídos sordos del sindicalismo a esta versión, que va y viene, y también a los movimientos judiciales. Ellos siguen en su intrincado protocolo, como si a Perón fueran a rescatarlo con un grupo comando para emanciparlo de la red judicial que bloquea su figura. Lo de intrincado es más que evidente: la división del peronismo es tan notoria que Hugo Moyano, Gerónimo Venegas y el resto de la jerarquía gremial deben organizar varias reuniones el mismo día. No vaya a ser que convivan bajo el mismo techo caudillos que no se quieren mirar a la cara (no dio en el blanco el General: los 2000 los encuentran divididos pero no necesariamente dominados, si se da crédito al marketing de Néstor Kirchner.
Condiciones
A propósito de Kirchner, es uno de los polos del enfrentamiento. Todavía no certificó si irá a los neofunerales de su antecesor en el cargo pero ya aclaró que, si lo hace, no quiere cruzarse con Eduardo Duhalde. Por eso habrá una ceremonia para cada uno.
El ex presidente -y operador oculto de la candidatura de Roberto Lavagna- tiene previsto saludar los restos en la CGT, por la mañana, durante la pequeña ceremonia que se le ofrecerá al «primer trabajador» en la sede de Azopardo 802. No quiere exhibiciones, prometió dejar la política y debe simular que cumple su consigna (hace poco le propuso la misma receta a Manuel Quindimil, el mitológico intendente de Lanús, con pésimo resultado).
El Presidente irá cuando le garanticen «zona liberada» de adversarios o enemigos (nada lo incomoda más que la distancia corta con aquellos a los que no quiere tratar, sobre todo si esa aproximación se produce en la intimidad). Es decir: estará por la tarde, cuando se esté depositando la urna funeraria en el mausoleo levantado «ad hoc» en la quinta del conurbano. Para esa ocasión los sindicalistas preparan otra plaza, tal vez no tan caudalosa como la del 25 de mayo pero, advierten, «muy peronista». Es precisamente de esa estética de la que quiere huir Kirchner: «Cuidado porque de plaza en plaza vamos a quedar encerrados con los que no nos tragan» le advirtió, nunca más sabia, Cristina a dos días de que se celebrara aquella otra, frente a la Rosada.
Las relaciones del Presidente con su partido son tan controvertidas como las que mantiene con la memoria del fundador, que «los echó de la Plaza» (no necesariamente a él pero sí a tantos simpatizantes e integrantes de su administración). Por eso desde la Casa Rosada fueron tan meticulosos con las restricciones a la exhibición del muerto: nada de pasearlo en cámara lenta por la avenida Pavón, que se haga una marcha rápida por la autopista y que ni se sueñe en trasladarlo en una cureña militar.
Que sigan los preparativos, para un sindicalismo desmovilizado, que ni siquiera se anima a pedir un lugar en las listas del año próximo, moverlo a Perón por el conurbano, aceptando que al fundador del movimiento le ponga condiciones Oscar Parrilli en sus traslados, es menos un sacrilegio que una terapia ocupacional. Por eso, acaso haya que festejar que los jueces obliguen a prolongarla, buscando fechas más lejanas si es que los que deben autorizar la exhumación se niegan: no se trata sólo de Marta, preocupada por «papá»; también Isabelita debe dar su visto bueno desde Madrid (dicen que ya lo envió) y hasta el juez Alberto Baños tiene que levantar el pulgar. Es el magistrado que sigue investigando quién y por qué, en 1987, le amputó las manos al cadáver.
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