"Desarrepentido" y nulidad: la causa por sobornos en la mega obra, a la espera de nuevo fallo

Política

Juez Martínez de Giorgi debe realizar un nuevo fallo y espera las pruebas del Lava Jato, de Brasil. Vázquez, asesor de Jaime, se arrepintió de haberse arrepentido. Se debe profundizar circuito Andorra.

Hace 14 años que se presentó el primer proyecto para la mega obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Para la Justicia, fue el comienzo de un proyecto que siempre fue acompañado por diversos hechos de corrupción que mantienen causas abiertas, pese al retiro de la brasileña Odebrecht, cabeza del emprendimiento en sociedad con Iecsa, la firma que entonces pertenecía a la familia del expresidente Mauricio Macri.

En el camino, la empresa cambió de manos en lo formal dos veces: hoy sus acciones pertenecen a Sadesa, la empresa con la que Marcelo Mindlin se hizo cargo de la constructora que había pasado por las manos de Ángelo Calcaterra, el primo presidencial y que quedó salpicada por las confesiones de los arrepentidos en Brasil y por la causa “cuadernos” en el capítulo de cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo.

En agosto pasado, la Cámara Federal dispuso la nulidad de los procesamientos dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi a exfuncionarios del kirchnerismo, entre ellos Julio De Vido, Ricardo Jaime y Roberto Baratta. La Cámara dejó así una falta de mérito respecto de los empresarios que habían sido las cabezas del consorcio a través de sus integrantes: Ghella, Comsa, Iecsa y la propia Odebrecht. Resaltó que para poder avanzar hacía falta una prueba clave. Las confesiones de los ejecutivos arrepentidos ante la Justicia brasileña, uno de los escollos con los que por ausencia de acuerdo normativo quedaron en suspenso los acuerdos de colaboración.

El fiscal Franco Picardi había sido el que mayor avance logró a partir de la suscripción de uno particular para este caso con sus pares brasileños. Su apelación a la decisión de Martínez de Giorgi surtió efecto: los camaristas reprendieron que el magistrado no hubiese ponderado gran parte de la prueba que estaba consignada por la investigación de la fiscalía, que había presentado el caso con el supuesto recorrido de parte del dinero que habría servido de soborno a través del Banco Privado de Andorra (BPA), a nombre de un estudio de arquitectura español denominado DSC Workshop, que habría fungido de “pantalla”. Ese dinero habría sido extraído a cuentagotas desde Uruguay, se sospecha, por los beneficiarios finales de la maniobra. En su momento, el magistrado afirmó que no había suficientes elementos para concluir que existieron sobornos por parte de Odebrecht y sus socios. Pero sí para establecer que la obra había sido direccionada desde el exMinisterio de Planificación para que la ganara ese consorcio de empresas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detalló una serie de irregularidades en resoluciones oficiales, pliegos de la licitación y elusión de controles.

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En el transcurso de la investigación -que se extiende desde 2005 en adelante- hubo un caso único de un “desarrepentimiento”: Manuel Vázquez, el exasesor de Jaime y sindicado como una suerte de testaferro, cerró un acuerdo con Picardi para testificar respecto de que quien le llevó la idea al exfuncionario para avanzar con la obra fue Calcaterra. Y que manejó una cifra considerable en concepto de retorno. La amenaza pendía sobre algunos de sus familiares respecto de su situación procesal. Luego de afirmar aquello, debió someterse a una intervención quirúrgica que lo dejó convaleciente. Antes de su recuperación total, Martínez de Giorgi le puso la firma a su decisión, desvinculando a los familiares de Vázquez de la causa. Sin aliciente, y sin que su testimonio hubiese sido homologado, Vázquez volvió sobre sus pasos y se arrepintió de haberse arrepentido.

La causa tuvo idas y vueltas, indagatorias prolongadas para 49 personas, pruebas trascendidas desde Brasil donde correos electrónicos le ponían números a los sobornos y nombres clave a los intermediarios, y empresas fantasma facturaban consultoría al consorcio en momentos particulares de la licitación. El colmo fue la decisión de Macri al comienzo de su gobierno: presionó para que Odebrecht se corriera de la UTE, lo que automáticamente dejó al frente a Iecsa, luego vendida por Calcaterra a Mindlin. En ese momento destrabó un préstamo para accionar la obra de $45 mil millones, el punto crucial sobre el que giró la ausencia de financiamiento que acompañó las trabas al mega proyecto. Significó haber abierto las puertas a lo que supuestamente el gigante brasileño no había podido hacer mediante su departamento de “operaciones estructuradas”.

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