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22 de junio 2012 - 20:17

Ofrecen $ 100.000 por datos de un represor prófugo

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Esta sería la última apariencia del represor prófugo Eduardo Alonso.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofreció una recompensa de 100.000 pesos para dar con el paradero de Eduardo Alfonso, acusado de cometer delitos de lesa humanidad. 

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Según resolución del Ministerio, la recompensa estará vigente durante doce meses a partir de este viernes para quien aporte "datos útiles que resulten determinantes para la detención" de Eduardo Alfonso, con DNI 5.090.938, fecha de nacimiento 8 de junio de 1948 e hijo de Ángel Rosario Alfonso y René Pastoriza.

Para suministrar datos, el Ministerio habilitó el teléfono (011) 5300-4020, de la Unidad Especial para Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia, de acuerdo a lo indicado en la resolución 1167/2012 que publicó este viernes el Boletín Oficial.

Según se puntualizó en la resolución, que lleva la firma del Ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak, "el pago de la recompensa será realizado en el Ministerio o en el lugar que designe el representante de esa cartera".

Eduardo Alfonso está imputado en la causa 4012/03 caratulada: "RIVEROS, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etc", ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de San Martín, a cargo de la doctora Alicia Vence. En la causa interviene la Fiscalía Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, a cargo del doctor Jorge Claudio Sica.

La Cámara de Casación tenía en revisión el sobreseimiento desde hace 14 meses y el 22 de mayo revocó el sobreseimiento, ordenándole a la magistrada que actúe son celeridad y premura, pero Alfonso el 20 de mayo viajó a Uruguay. Por ese motivo, la jueza Vence dispuso su arresto y, al no encontrarlo, se enteró vía Migraciones de que el sospechoso había salido del país.

Alfonso fue procesado por el juez Alberto Suárez Araujo, quien le imputó su participación en el asesinato de Antonio García y el secuestro de su mujer, Beatriz Recchia, que se encontraba embarazada, en un episodio ocurrido durante un operativo en la casa de las víctimas en Villa Adelina.

Alfonso ya había sido detenido por la desaparición de Recchia, embarazada de cinco meses en diciembre de 2008. Pero en agosto de 2009, la Cámara Federal de San Martín, con la firma de los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati -quienes tienen un pedido de juicio político por ese hecho- lo liberó al sostener que "no puede afirmarse fehacientemente" que el represor "conociera la finalidad del grupo operativo" y que "se impone aceptar que no habría llegado a participar de ninguno de los hechos que podrían considerarse delictivos".

Por este caso ya están imputados como "autores mediatos", el dictador Jorge Videla y el general Santiago Omar Riveros, entre otros, por violaciones a los derechos humanos cometidas en Campo de Mayo. Esa mujer fue vista en el campo clandestino de concentración que funcionó en Campo de Mayo, pero nunca se supo nada más de ella. En la época del operativo, Alfonso era teniente primero de Caballería destinado en Campo de Mayo.

Durante el menemismo lo ascendieron a coronel y luego a general de Brigada. Alfonso fue el jefe de la Secretaría General del Ejército durante las presidencias de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde.

Con la llegada del kirchnerismo, en 2003, se retiró de la fuerza. Está casado en segundas nupcias con una hermana del expresidente del Citibank, Juan Navarro. Desde el 23 de mayo de 2012 tiene pedido de captura nacional e internacional

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