El Gobierno firmó el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, y presentó la privatización como el inicio de una “nueva era de gestión privada”. Sin embargo, el anuncio oficial llega después de un proceso marcado por graves señales de direccionamiento, cuestionamientos técnicos y denuncias que apuntan contra la estructura misma de la licitación.
El Gobierno concesionó la Hidrovía pese a las graves señales de direccionamiento
El Ministerio de Economía presentó la firma del contrato con Jan de Nul-Servimagnus como el cierre de un proceso “transparente”, aunque la licitación quedó atravesada por denuncias por pliegos a medida, plazos cuestionados, una comisión evaluadora bajo sospecha y un sistema de puntaje que habría favorecido al consorcio ganador.
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La concesión de la Hidrovía quedó en manos de Jan de Nul-Servimagnus pese a las denuncias por irregularidades en el proceso.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía sostuvo que la adjudicación a Jan de Nul-Servimagnus fue el resultado de un proceso “transparente” y participativo, con intervención de usuarios privados, provincias ribereñas y organismos internacionales. La versión oficial, sin embargo, omite los puntos más sensibles detectados durante el procedimiento: un pliego señalado como hecho a medida, plazos que habrían restringido la competencia, una Comisión Evaluadora cuestionada y un esquema de puntajes que terminó favoreciendo al consorcio que finalmente se quedó con la concesión.
La Hidrovía es una infraestructura estratégica para la Argentina: por esa vía circula cerca del 80% del comercio exterior del país. Así, la adjudicación no solo tiene impacto logístico y económico, sino también político. La concesión quedó en manos del consorcio integrado por la belga Jan de Nul y Servimagnus, detrás del cual aparece el Grupo Román como socio local, en un expediente que desde el inicio acumuló sospechas y que ahora se encamina a una nueva etapa de judicialización.
El comunicado oficial y las dudas sobre la “transparencia” del proceso
En su comunicado, Economía afirmó que el proceso estuvo “marcado por la transparencia y la participación” y que no se registraron impugnaciones por parte de las empresas participantes. Ese argumento es uno de los principales puntos de tensión: para impugnar cada etapa del procedimiento se exigía un pago de u$s10 millones no reembolsables, una condición que fue señalada como una barrera concreta para cuestionar formalmente las decisiones de la Comisión Evaluadora.
El Gobierno también destacó que la licitación fue acompañada por cámaras empresarias, provincias ribereñas y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Pero ese aval también quedó envuelto en controversia: dos empresas acudieron a Naciones Unidas ante sospechas sobre la forma en que fueron utilizados los respaldos técnicos atribuidos al organismo internacional.
Lejos de despejar las dudas, el escrito insiste en que se trató de una licitación sin objeciones, pese a que durante el proceso se acumularon advertencias sobre conflictos de interés, costos inflados, condiciones restrictivas y un diseño técnico que habría condicionado el resultado final.
Pliego, plazos y puntaje: las claves del direccionamiento
Uno de los ejes centrales de las denuncias fue la redacción del pliego, ya que según documentos reservados elaborados por especialistas internacionales, las condiciones de la licitación habrían favorecido de antemano a Jan de Nul-Servimagnus frente a otros competidores.
Las sospechas también alcanzaron a los plazos del procedimiento, considerados insuficientes para garantizar una competencia real en una licitación de semejante complejidad técnica y económica. En ese marco, otras firmas habrían quedado condicionadas por requisitos administrativos y técnicos que limitaron su capacidad de competir en igualdad de condiciones.
Otro punto crítico fue el sistema de evaluación. El esquema de puntajes terminó otorgando ventaja al consorcio ganador, mientras que la Comisión Evaluadora quedó bajo la lupa por presuntos conflictos de interés y por decisiones que, según las denuncias, consolidaron el camino hacia la adjudicación final.
A eso se sumó la polémica por la fórmula del “precio mínimo”: el mecanismo habría condicionado las ofertas y empujado un empate entre valores, una situación considerada inédita por especialistas del sector. En lugar de promover una baja real de costos, el esquema habría limitado la competencia y derivado en un contrato con posibles sobrecostos durante la concesión.
Economía sostuvo que la nueva concesión activará una rebaja del 13,5% en el valor del peaje y permitirá avanzar con obras de profundización, incorporación de tecnología, seguridad en la navegación y mejoras para reducir los costos logísticos de las exportaciones.
Sin embargo, una de las competidoras, DEME NV, había advertido que el precio base establecido por el Gobierno ya implicaba un sobrecosto logístico para el flete del 17%. La empresa incluso planteó que podía ofrecer una alternativa más baja para abaratar costos, pero el Ejecutivo avanzó igualmente con el cierre del proceso.
