Otro intento para sacar ley "Clarín"

Los diputados de todos los partidos de Santa Fe redactaron un proyecto para crear una serie de franquicias fiscales tendientes a que el Estado santafesino «pueda comprar más barato al no tener que pagar el impuesto al valor agregado por sus compras o locaciones». Ese proyecto está primero en la convocatoria especial de esta reunión de Diputados que no estaba programada. Pero en el temario se quiere insistir con la sanción del proyecto de protección a las empresas productoras de bienes culturales.

La iniciativa ya fue aprobada el año pasado por el Senado, pero en Diputados cuenta con apoyos y rechazos entre las bancadas del justicialismo y el radicalismo, y el rechazo del ARI y otras bancadas minoritarias. El 8 de mayo pasado se intentó una votación, pero muchos diputados no quisieron expresarse en contra del proyecto de manera pública y dejaron sin quórum a la sesión. Otros pidieron la votación de otras alternativas que no representaran un privilegio especial para los grandes grupos de prensa, ventaja que no posee ningún otro sector de la economía. La sesión de hoy, por lo tanto, podría fracasar a raíz de esa fuerte oposición que ya se vio hace 15 días.

La iniciativa, en una redacción clara y directa, apunta a la «preservación de patrimonios culturales, empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada de industrias destinadas a la defensa nacional y otras cuestiones conexas».

Se establece que «las políticas del Estado nacional preservará especialmente por su importancia vital para el desarrollo, la innovación tecnológica y científica, la defensa nacional y el acervo cultural» y también a las «actividades e industrias de relevante importancia para la defensa nacional y el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación».

¿Cómo se protegen esos bienes para la Nación?, simplemente evitando que los alcance la Ley de Quiebras que rige para cualquier empresa en la Argentina, grande o pequeña, particulares o cualquier tipo de asociación. Sólo este puñado de «protectores de la cultura» quedarían exentos.

Para hacerlo, la ley establece que la propiedad de los medios de comunicación, deberá «ser de empresas nacionales, permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo de 30% del capital accionario» y que se otorgue derecho a voto «hasta por el mismo porcentaje de 30 por ciento». De esta forma, todo hecho a medida, un acreedor externo, como los que hoy tiene cualquier empresa del grupo «Clarín» o el diario «La Nación», no podría cobrar sus acreencias tomando el control de acciones de esos medios, como le puede suceder a cualquier otro empresario en la Argentina o en otro país civilizado del mundo.