La experta Romina Piccolotti, que forma parte del grupo de asesores sobre papeleras de la Cancillería, dijo que aunque es difícil lograr un amparo en La Haya, ya hubo antecedentes ante denuncias por ejercicios nucleares en Oceanía.
La Argentina buscará que el tribunal internacional de Justicia de La Haya dicte una «medida provisional» que obligue al Estado uruguayo a pedir a la finlandesa Botnia que suspenda las obras de construcción de su planta en Fray Bentos por el plazo de 90 días, en las audiencias de alegatos del 8 y 9 de junio próximo. «La estrategia argentina es lograr la medida provisional ('cautelar') que obligue al Estado uruguayo a ordenar suspender las obras de construcción de la planta de celulosa Botnia», dijo a «Télam» Romina Picolotti, integrante del equipo que trabaja en la presentación argentina ante el órgano judicial supremo de las Naciones Unidas.
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Pero también forma parte de esta estrategia que el Estado uruguayo «cese cualquier actividad que agrave la situación» surgida tras la instalación de las pasteras ENCE (España) y Botnia sobre el río Uruguay, recurso compartido entre ambas naciones.
Este reclamo se fundamenta en la violación del Tratado del Río Uruguay, firmado por la Argentina y Uruguay en 1975, que regula «la óptima utilización y racionalización» de este río fronterizo entre ambos territorios.
Consulta
Según establece este tratado, Uruguay debió haber consultado a la Argentina antes de autorizar la instalación de las pasteras sobre el río Uruguay y, además, tendría que haber garantizado a través de un estudio independiente que estas industrias no dañarán el medio ambiente de la región.
Estos son los ejes centrales de la estrategia que la Argentina llevará los días 8 y 9 de junio a La Haya, en el marco de las audiencias de alegatos que tendrán lugar en la sede judicial de las Naciones Unidas y que también tendrán en cuenta lo que diga al respecto Uruguay.
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, designó al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, como representante político del Estado uruguayo ante La Haya durante las audiencias del 8 y 9 de junio, según informó este último fin de semana el diario «La República», citado por la agencia «ANSA».
El equipo uruguayo está integrado por los embajadores en Francia, Héctor Gross Espiel, y en Estados Unidos, Daniel Gianelli, junto con especialistas internacionales contratados por el gobierno local y especialistas en derecho internacional de la Cancillería, además de autoridades de los ministerios de Industria y de Medio Ambiente.
En tanto, en la Cancillería argentina las reuniones se suceden unas tras otras, mientras el equipo designado por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, ultima los detalles del alegato argentino.
Encabeza el equipo de asesores de la Cancillería argentina la directora de la Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Susana Ruiz Cerutti. Integran este equipo la fiscal de Estado Claudia Mizawak; el representante de Estado de Entre Ríos, Juan Carlos Vega; y la titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente ( CEDHA), Romina Picolotti, además de un grupo de abogados con sede en Ginebra y en Londres con experiencia en tribunales internacionales.
La Argentina tendrá prioridad en ambas audiencias por ser la que solicitó la medida, y las audiencias serán públicas y televisadas, en francés y en inglés. La Argentina dispondrá de las tres primeras horas de la mañana del jueves 8 de junio para presentar su alegato, en tanto que Uruguay tendrá las siguientes tres horas de la tarde, luego de un receso, para hacer su parte.
El viernes 9 de junio, la Argentina tendrá las primeras dos horas de la mañana para hacer su réplica y Uruguay las dos primeras horas de la tarde.
A partir de ese momento, el tribunal, integrado por 15 jueces de distintos países del mundo (elegidos sobre la base de un principio de equilibrio regional), analizará el pedido de la Argentina y, en el plazo de dos o tres meses, deberá dictar su resolución. En la audiencia se presentan todas las pruebas, pero la Corte puede pedir «prueba adicional» antes de abocarse a resolver.
Si bien no hay plazo establecido para que la Corte dicte la medida cautelar, desde la Argentina se especula que esto ocurrirá «antes del receso de verano boreal» o, de lo contrario, «inmediatamente después».
En cambio, el dictamen final puede tardar dos años en llegar. Cabe destacar que si bien el tribunal no tiene poder de policía para imponer su resolución, las medidas que dicta son obligatorias porque no aceptarlas implicaría quedar fuera del sistema internacional.
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