El Tribunal Arbitral del Mercosur recibió hoy los alegatos escritos de la Argentina y el Uruguay sobre la demanda de los cortes de rutas binacionales, realizados por argentinos en rechazo a la instalación de las pasteras en Fray Bentos, y en los próximos días se abocará al análisis final del caso para luego emitir un laudo, antes del 7 de setiembre.
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Así fue informado por fuentes del Tribunal, poco después de que la Argentina cumpliese sobre el límite fijado con la presentación escrita en la que refuta la acusación uruguaya que llevó a esta instancia el episodio de los cortes de rutas.
El gobierno uruguayo, en tanto, también cumplió con el escrito hoy y ratificó su "certeza" de que el Estado argentino incurrió en "omisión" frente a los cortes de rutas en Entre Ríos durante el verano pasado.
La Argentina hizo su defensa y calificó de "abstracta" la controversia planteada por el Ejecutivo de Tabaré Vázquez en un texto de 35 páginas y un anexo específico de turismo, indicaron las fuentes del Tribunal.
Uruguay, por su parte, renovó su demanda por medio de un escrito de 50 páginas y una serie de anexos que desglosan el contenido del alegato oral de la semana pasada, en ocasión de las sesiones realizadas en Montevideo, apuntaron los informantes.
A partir de esto, el triunvirato arbitral tiene plazo hasta el 7 de setiembre para emitir un laudo en la controversia, para lo cual podría reunirse en Asunción del Paraguay en fecha por confirmarse.
Una vez conocido el laudo, los países quedarán habilitados para impugnar el laudo ante el Tribunal de Revisión de Asunción e, incluso, impugnar también al presidente del cuerpo, el español Luis Martí Mingarro, según las normativas vigentes.
La demanda uruguaya está específicamente ceñida a los cortes de rutas hechos por los asambleístas de Gualeguaychú y Colón, sin contemplar de manera taxativa presuntos "daños" desprendidos de éstos.
Asimismo, una de las principales curiosidades que contiene la demanda es que el Uruguay en ningún momento relaciona a los cortes con su origen objetivo, la instalación de las plantas pasteras de Botnia y Ence en Fray Bentos.
De hecho, los uruguayos refieren a los cortes sencillamente como cortes que "violaron" el "derecho de libre circulación de bienes y servicios" y no se detienen en la causa, ni en sus connotaciones.
El documento argentino remarca el "activo rol" que tuvo el gobierno de Néstor Kirchner en ocasión de los Cortes en Entre Ríos y reseña una serie de ejemplos al respecto, sobre la base de que escogió la "disuasión" para resolver la situación.
Se detiene puntualmente en "el exitoso empleo de la disuasión" con que el Ejecutivo de Néstor Kirchner consiguió que concluyesen las protestas y refuta al Uruguay cuando sus funcionarios aseveran que "la disuasión no es eficaz".
De igual forma que en los alegatos orales de la semana pasada en la capital del Uruguay, la representación nacional prueba que "no hubo daños" como consecuencia de la actividad de los asambleístas y enumerará los "recaudos" adoptados por el gobierno para que los cortes no provocaran "efectos no deseados".
Según las fuentes, la Argentina no vuelve a referirse en el texto al cúmulo de antecedentes que tiene el pleito y consigna "sólo algunos hechos puntuales" que ofician de soportes principales de la presentación.
Uruguay fue el que elevó al nivel de una controversia la situación de los cortes con la particularidad de que su recurso ante el Tribunal Arbitral se dio con posterioridad a los hechos demandados y con una visión de futuro.
Sin contemplar que las pautas de procedimiento del cuerpo tripartito no incluyen laudos "a futuro", por episodios que podrían repetirse o simplemente darse, los uruguayos avanzaron igual en búsqueda de "justicia".
De igual forma, soslayaron que este Tribunal -por reglamento- dirime fundamentalmente temas comerciales, que en la demanda no están concretamente planteados.
El centro del planteo uruguayo está puesto en la presunta "omisión" en la que incurrió la Argentina frente a los cortes de Entre Ríos e, incluso, sugiere que el gobierno debió hacer apelado a la fuerza para ponerle coto a la situación.
Precisamente el implícito pensamiento uruguayo sobre que la Argentina debió haber apelado a la fuerza para que los cortes se levantaran provocó un "impacto" en el seno del Tribunal, según pudo recoger.
Pero, de cualquier forma, el cuerpo que preside en esta ocasión el español Luis Martín Mingarro, secundado por el argentino Carlos Barreira y el uruguayo José María Gamio, actúa en un marco de estricta reserva, en cumplimiento del reglamento específico.
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