El gobierno argentino maneja una hipótesis optimista sobre la actitud que podría tomar la Corte Internacional de La Haya ante el pedido de suspensión de las obras de las papeleras de Botnia y ENCE que se están levantando en Fray Bentos. Ese cuerpo llamaría a los dos países a conformar una comisión independiente que estudie si la radicación de las pasteras efectivamente genera problemas ambientales. El contenido de ese informe podría ser objeto de audiencia ante el tribunal.
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El dato sobre la posibilidad de llegar a esa resolución en la Corte fue recibida por Néstor Kirchner en Madrid, donde se encuentra de gira. Sin embargo, el Presidente ordenó sobre el tema la más absoluta prudencia. Sólo llamó a que sus asesores directos prepararan una estrategia comunicacional para la eventualidad que el caso se confirme. El gobierno cree que los argumentos esgrimidos por el equipo de abogados que presentaron la posición argentina son lo suficientemente sólidos como para captar la atención de varios de los 17 magistrados de la Corte. Aunque no avanzaran en el pedido de una medida cautelar de suspensión atenderían, siempre según la hipótesis argentina, el reclamo de Ruiz Cerrutti a relacionar las cuestiones ambientales con el respeto de los derechos humanos de la población. Siguiendo el análisis local, Uruguay habría cometido un error en la presentación, al no concentrarse en la aseveración sobre la no contaminación de las plantas y al no presentar elementos que rechacen de plano la acusación argentina.
El cuerpo que haría el informe debería estar integrado por especialistas internacionales en medioambiente, que no hayan tenido intervención en las presentaciones de ninguno de los dos países y que no hayan trabajado para las plantas en cuestión. Además, no tendrían que ser ni argentinos ni uruguayos, pero sí podrían tener la nacionalidad de alguno de los países de la Unión Europea, aunque no de España o Finlandia, de donde provienen los capitales de ENCE y Botnia. El resultado de esta comisión debería servir para que los jueces de La Haya determinen luego si obligan o no a ambas pasteras a cambiar su tecnología proyectada para que puedan seguir adelante con el proceso.
Esta decisión no se relaciona directamente con el caso de fondo que debe resolver el Tribunal, y que se basa en resolver si con las papeleras se violó o no el Tratado del Río Uruguay. La formación de una comisión debería haber sido un paso posterior a esta decisión definitiva que debe tomar La Haya y que se conocería recién dentro de tres o cuatro años. Así, si finalmente los jueces de la Corte resolvieran ahora formar una comisión (la decisión se debería conocer antes del 15 de julio, cuando el cuerpo entra en vacaciones estivales), para las proyecciones argentinas se estaría ganando tiempo.
Este moderado clima optimista se cruza con una preocupación que está naciendo dentro del gobierno: en Gualeguaychú rebrota un clima hostil, y con ello la posibilidad de volver a los cortes de los puentes internacionales, algo que generaría un panorama negativo para la estrategia argentina. La argumentación de la Argentina en La Haya es que esos cortes se justificaban ante la negativa de Uruguay de discutir el conflicto, lo que luego obligó a recurrir al tribunal internacional. El « acuerdo virtual» entre Kirchner y los manifestantes de Gualeguaychú, era que luego de la presentación en la Corte, las acciones directas terminarían y se aceptaría lo que se resolviera en ese ámbito.
La información que llega desde Entre Ríos es diferente. Se habla de no aceptar el fallo del tribunal si éste es negativo y no llama a suspender las plantas. (Ver nota aparte.)
El problema para el gobierno argentino es que si volvieran los cortes de los puentes, Uruguay podría orientar su reclamo hacia los perjuicios económicos que la medida provocaría, lo que podría volcar a un costado negativo el caso en La Haya; con la amenaza de recibir incluso sanciones económicas.
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