A través de un proyecto de ley presentado ayer en la Cámara de Diputados, el gobierno de Néstor Kirchner impulsará una nueva política de control en los procesos de emisión de dioxinas y furanos, sustancias tóxicas emitidas por las plantas procesadoras de celulosa radicadas en territorio argentino.
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La iniciativa fue presentada por la diputada entrerriana Blanca Osuna (Frente para la Victoria) y propone que en un plazo no mayor a tres años todas las plantas de celulosa y papel del país dejen de emitir al medio ambiente, dioxinas y furanos, sustancias consideradas contaminantes. «Pero lo importante de la iniciativa es que también se contempla el caso de las futuras plantas de celulosa y papel que se establezcan en nuestro país, que de no cumplir los presupuestos mínimos para la eliminación de tóxicos, no serán habilitadas», explicó ayer la legisladora oficialista a este diario.
El proyecto de ley reconoce que el actual sistema para evaluar los impactos ambientales es insuficiente y propone encuadrar a este tipo de plantas ya instaladas en un programa de reducción sustancial y eliminación total de emisión de estas sustancias, auditándolas con mediciones de muestras y la prohibición de su emisión en fábricas que se instalen en el futuro.
Las plantas de procesamientode celulosa que actualmente existen en nuestro país son Celulosa Puerto Piray, Papel Misionero y Alto Paraná (en la provincia de Misiones), Celulosa Argentina (Santa Fe), Papelera Tucumán (Tucumán), Ledesma y Papelera del NOA (Jujuy), Papel Prensa y Massuh (Buenos Aires) y Productora de Pulpa Moldeada (Río Negro). «Muchas cumplen con los estándares ambientales que fija la ley, pero las que no encuadren en este sistema tendrán que adecuar sus mecanismos», aseguró Osuna.
Las emisiones de dioxinas y furanos se producen en todas las combustiones de elementos biológicos y se agravan con la presencia de compuestos clorados. «En el proceso de la conformación del papel, la pasta no sufre por lo general una transformación química sino básicamente un secado. Pero los desechos de este proceso contienen ingredientes de la pasta original. Dado que la pasta contiene residuos coloreados, al no tener la blancura requerida para algunas aplicaciones, se utiliza cloro para el blanqueo. Esta situación genera compuestos clorados que contienen distintos porcentajes de dioxinas, sustancias cuya depuración suele darse en décadas», advirtió un informe realizado por la diputada kirchnerista, de buen diálogo con el gobernador entrerriano Jorge Busti.
Sustento jurídico
La medida servirá también de sustento jurídico y político a la demanda que Kirchner presentó ante la Corte Internacional de La Haya. Esta semana se confirmó la participación de los tres representantes legales del gobierno entrerriano en las audiencias ante la Corte de La Haya previstas para el 8 de junio donde se argumentará el rechazo a las papeleras, informó la fiscal de Estado de Entre Ríos, Claudia Mizawak.
En la Cancillería se definió la asistencia de Juan Carlos de la Vega, Romina Picolotti y la propia Mizawak en las audiencias del 8 y 9 de junio ante el organismo internacional de justicia. Allí también se comenzó a elaborar «la estrategia jurídica y cómo se compatibilizará lo jurídico con las pruebas técnicas», según explicó la fiscal entrerriana, quien precisó además que están analizando «cómo se utilizarán las cinco horas que dispondrá la Argentina» para exponer sus argumentos.
El proyecto de ley llega justoen medio de una fuerte polémica entre el gobernador Busti, y su par de Corrientes, Arturo Colombi.
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