Asambleístas de Gualeguaychú y Colón reclamaron hoy al Gobierno nacional que acelere la presentación ante el Tribunal Internacional de La Haya contra la instalación de dos plantas de celulosa en Uruguay y recibieron un nuevo pedido para que se levante el corte de la ruta 136.
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El cruce de solicitudes se realizó esta noche durante una nueva reunión en la sede de la Cancillería, en la que estuvieron representados el gobierno nacional, el provincial y los ambientalistas de ambas ciudades entrerrianas.
En Gualeguaychú la vía que lleva al paso fronterizo con Uruguay está obstaculizada desde el jueves pasado, en tanto que en Colón los asambleístas se reunirán mañana para definir si retoman el corte o se mantienen en una posición expectante.
Un total de 24 vecinos y ecologistas de ambas ciudades llegaron a las 18.00 al Palacio San Martín, donde media hora después comenzó una reunión con el jefe de Gabinete Alberto Fernández, el canciller Jorge Taiana, el vicegobernador entrerriano Pedro Guastavino y el ministro de Gobierno provincial Sergio Urribarri, entre otros funcionarios y asesores legales.
En principio el encuentro se iba a desarrollar por separado, al punto que ingresaron al despacho privado del canciller sólo los ambientalistas de Colón, pero luego se decidió que la reunión fuera conjunta.
El encuentro había sido programado el miércoles pasado por las partes cuando el gobierno nacional hizo un esfuerzo para que los asambleístas no volvieran a cortar las rutas 135 y 136, luego de que la empresa Botnia, dueña de una de las plantas, rechazó la solicitud de suspensión de las obras por 90 días.
Al día siguiente, la asamblea de Gualeguaychú volvió al corte a la altura de la localidad de Arroyo Seco -en un trámite rápido- y la de Colón postergó la decisión para mañana.
Una fuente del gobierno provincial le comentó a la agencia Noticias Argentinas que este lunes "se les explicó a los vecinos de lo inconveniente de ir a los hechos cuando la estrategia argentina se ajusta al derecho y a la diplomacia".
Antes de entrar a la reunión, los vecinos le adelantaron a NA que entre sus planteos se encontraba el de reclamar una aceleración de la presentación contra Uruguay por la violación del estatuto del río homónimo que es la frontera natural entre ambos países y corre riesgo de ser contaminada.
Las autoridades provinciales respaldaron esa petición: más temprano el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, anticipó que propondrá al presidente Néstor Kirchner que la demanda ante la Corte Internacional se haga "antes del 30 de abril".
El objetivo es trabar los créditos que organismos internacionales otorgarán a Uruguay para financiar la construcción de dos papeleras en Fray Bentos.
"Si no hay diálogo diplomático, tendríamos que ir a la vía judicial antes del 30 de abril. Después se corre el riesgo de que los organismos de crédito tomen una decisión, y sabemos que lo que trabaría los créditos sería la demanda ante La Haya", aseveró el gobernador en declaraciones a Radio Continental.
El mandatario provincial aseguró que tiene información proveniente del Centro de Estudios de Derechos y Humanos y Ambiente (CEDHA), encabezado por Romina Picolotti, que sostiene que la única forma de detener los créditos con que cuentan las papelaras es a través de una demanda ante la Corte Internacional.
Pero el gobernador enfatizó que "para que el planteo sea fuerte no tiene que haber cortes de ruta que le sirvan como defensa al Uruguay", menos aún de la "gravedad" de lo que se hizo ayer en la ruta nacional 14, que es eje del Mercosur y con lo cual -según consideró- "se corre el riesgo de poner a todos los miembros del Mercosur en contra" de la Argentina.
Esta tarde la reunión en Cancillería fue seguida fuera del edificio por un grupo de jóvenes, la mayoría de ellos gualeguaychenses que estudian en Buenos Aires.
Los jóvenes cantaron y decoraron una bicicleta en la puerta del Palacio San Martín con carteles de "Sí a la vida" y "No a las papeleras".
En el encuentro, el gobierno nacional también minimizó la presentación del gobierno uruguayo ante el Tribunal de la Haya, en la que deja constancia de la "ilegalidad" de los cortes de ruta.
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