El fiscal federal Nº 5 Leonel Gómez Barbella consideró que le decisión del juez Julián Ercolini de no citar a indagatoria a los acusados en la causa por la apropiación de Papel Prensa durante la dictadura pone "en juego" la responsabilidad del Estado de juzgar a las violaciones a los derechos humanos.
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Según argumentó el funcionario judicial en su recurso de queja elevado a la Cámara Federal porteña, no indagar a los directivos del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, "impide de hecho perseguir y juzgar posibles crímenes contra la humanidad" y "compromete la responsabilidad del Estado por un posible incumplimiento de sus obligaciones internacionales".
En el recurso al que accedió ámbito.com, se deja en claro que la citación cumple con la vigencia de la facultad constitucional delegada en el Poder Legislativo de "remover obstáculos" para judicializar los casos de lesa humanidad, como la sanción de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Pero que además cita un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU que exhortó a los países a desplegar un "esfuerzo riguroso" para evitar la lentitud en el avance de las causa por violaciones a los DDHH.
En ese marco, observó que el Ministerio Público Fiscal no puede dejar de lado esa recomendación del Comité y advirtió que un "apartamiento" de esa indicación podría derivar en una demanda contra el país ante un Tribunal Internacional por incumplir con las "responsabilidades internacionales" asumidas.
Si bien el fiscal subrogante admite que la queja no es la herramienta más procedente para resolver sobre una citación a indagatoria, sostuvo que la resolución de Ercolini resulta "equiparable" a una sentencia definitiva y que genera un impedimento para que continúe la investigación. Para Barbella, rechazar las indagatorias a los acusados por la presunta compra ilegal de la papelera tiene un efecto práctico secundario que provoca un gravamen irreparable: paralizar el proceso.
El fiscal federal contradijo a Ercolini y aseguró que la puesta en marcha de un estudio contable sobre la "transferencia compulsiva" de acciones controlantes de Papel Prensa no es motivo para impedir el avance de la pesquisa. Barbella cree que esperar a que concluya ese peritaje para saber si el monto pagado -que a priori fue encuadrado en un marco de extorsión en un contexto de terrorismo de Estado- fue el correcto o no demuestra un apartamiento del centro de la denuncia, que no es un delito económico, sino la concreción de maniobras extorsivas y persecutorias de Noble, Magnetto y Mitre en plena dictadura contra el Grupo Graiver.
Asimismo, el investigador alertó que esa alteración del "objeto procesal" que el juez avaló provoca una falta de averiguación de la verdad, que podría transformar al expediente en un "instrumento de impunidad". "La indagatoria del imputado constituye un requisito sin el cual no puede haber procesamiento ni elevación a juicio", expresó al criticar a Ercolini por no permitir que la causa avance. Para Barbella, el magistrado se ampara en "invocaciones formalistas" e incurre en un "exceso de ritualidad" para rechazar las indagatorias.
Por último, el fiscal concluye que "debido a que ante semejante acumulación de prueba de cargo, no queda más que proceder a indagarlos, tal como se viene requiriendo desde hace 5 años".
Barbella acudió directamente a la Cámara Federal luego de que Ercolini no solo rechazara los llamados a indagatoria, sino que además desestimó por improcedente la apelación del fiscal. Ahora debe definir la Sala I de ese tribunal, que está integrada por Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler.
Además de Noble, Magnetto y Mitre, en la causa están implicados Raymundo Juan Pío Podestá, exsecretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, y Guillermo Juan Gainza Paz, como presunto intermediario, por la supuesta apropiación.
