La Argentina y el Reino Unido llegaron a un acuerdo para iniciar el estudio de factibilidad previo al desminado de las islas Malvinas. Luego de doce reuniones del Grupo de Trabajo Conjunto integrado por diplomáticos y expertos de ambos países que comenzaron en 2001 se arribó a una solución el 2 de noviembre pasado. El Grupo, que sesionó en París, Francia -se eligió un país neutral-, cuando habitualmente se alternaba entre Buenos Aires y Londres acordó: la realización de un estudio en el terreno (las islas) en diciembre próximo, la aprobación de la empresa Cranfield Mine Action perteneciente a la universidad británica Cranfield para realizar esa tarea y la formación de un equipo bilateral de expertos que controlarán todo el trabajo.
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Firmar la declaración de acuerdo en París, más allá del charme citadino que seduce a los diplomáticos, tendría que ver con aspectos legales y su impacto en el fondo de la cuestión: la soberanía. Si hay controversias o reclamos por los servicios contratados durante la ejecución del estudio, la jurisdicción para dirimirlos sería de Francia, evitándose lesiones a los reclamos de soberanía. La relación del gobierno de Néstor Kirchner con Gran Bretaña ha transitado por altibajos, el acuerdo logrado no forma parte de esa descripción puesto que la iniciativa de levantar los campos sembrados durante el conflicto de 1982 responde a una obligación de carácter internacional.
La Argentina y Gran Bretaña son miembros de la Convención de Ottawa de 1997 que regula la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y su destrucción. Y deben cumplir con una agenda que impone la Convención a sus miembros: comprometerse con las tareas de remoción y limpieza de los campos minados. Cada año los estados parte exponen los progresos alcanzados en la erradicación de las minas.
El ministro Guillermo Rossi, subdirector de Malvinas, diplomático que suele levantar la voz para imponerse, estuvo a cargo de la negociación y firmó la declaración del convenio con su par británico Jon Wilks. Todas las conversaciones a lo largo de estos cinco años se celebraron dentro de los acuerdos por Canje de Notas del 11 de octubre de 2001 cubiertas por la fórmula de la soberanía.
El grupo de expertos que se trasladará a las Malvinas desde el 1 al 23 de diciembre -la agenda podría variar ante la proximidad de las fiestas de fin de año- está formado por dos representantes de cada país y son uniformados. Ese mismo mes, Nilda Garré tiene en agenda la IX Ronda de Contactos de Defensa que se hará en Londres y que había postergado a fines de junio. Atrás quedaron las presiones de los kelpers para que no fueran militares argentinos en la comitiva de expertos, claro que el capitán de navío Carlos Nielsen Enemark y el teniente coronel José Cimarutti están retirados.
La contraparte británica son el teniente coronel Robin Swanson del Ministerio de Defensa y el capitán Ian Lamont de la Escuela Real de Ingeniería Militar. También va un tercer uniformado británico, el coronel Alastair McAslan, quien acaba de dejar el servicio activo y es el director de la empresa Cranfield Mine Action encargada del estudio de campo.
Monitoreo
Habrá otros ojos atentos, hay una sección especializada del ejército británico en Malvinas que se encarga de remover explosivos y bombas, la sigla en inglés es JSEOD (Joint Service Explosive Ordnance Disposal) y su cuartel está en Hillside Camp. El comando central se encuentra en Oxfordshire, Gran Bretaña, y funciona los 365 días del año monitoreando con un sofisticado sistema de GPS (localizador satelital) posibles amenazas de artefactos explosivos para luego removerlos. El estudio de factibilidad no se limita a las minas terrestres sembradas por las fuerzas criollas, sino que incluye todas las sembradas en las islas Malvinas de cualquier origen y que resulten detectadas en el curso del estudio de campo. Por caso, el almirante de Infantería de Marina Carlos Busser, comandante de la Operación Rosario que dio origen a la recuperación del archipiélago, había declarado la existencia de minas colocadas por los británicos en la Segunda Guerra Mundial ubicadas en cercanías de puerto Stanley. Los registros de los campos minados -alrededor de 120- fueron entregados a las fuerzas del Reino Unido al término de las hostilidades. Los británicos levantaron unas 1.400 minas antipersonal al finalizar el conflicto, pero suspendieron la tarea por los accidentes que sufrieron los soldados. A pesar de los planos que marcan la posición resulta difícil la ubicación actual de las minas a más de veinte años de haberlas sembrado. Las características del suelo isleño -predomina el lecho de turba- hacen que haya desplazamientos tanto en profundidad como en distancia de la posición original.
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