Peores superpoderes son de la política

Estela de Carlotto

El que no es o haya sido terrorista -la inmensa mayoría-, el que no trafique droga, el que no usufructúe ni opere el dinero que tal tráfico provoca, aun el que esté atrapado por la droga y se le pueda encarecer su adquisición, no puede menos que apoyar que se creen por ley organismos nacionales e internacionales para combatir el narcotráfico y el financiamiento fanatizado de masacres.

Que sobrevengan controles estatales a tales flagelos, aun cuando ciudadanos inocentes tengan para ello que dejar en el camino jirones de privacidad, es uno de los escasos fines que justifican los medios. La droga esclaviza, la droga degenera, la droga mata. Aunque algunas parezcan inicialmente inocentes todas terminan destruyendo. A su vez, no hay ningún principio ni patriotismo que justifique aportar dinero a quienes matan sin más ley que su individualidad.

Nadie quiere esos males para sí, ni para sus hijos, ni para personas que no sean sus hijos. Pero ninguno, tampoco, quiere que organismos legales para un buen fin social caigan en manos que lo usen políticamente.

Puede rozarlo pero no se trata aquí del control impositivo del dinero. En la Argentina la clandestinidad de algunos capitales no provenientes del narcotráfico y sobre todo el empleo «en negro» es más fruto hoy de políticas equivocadas, por ignorancia o placer del escarnio. Si no se usara en corrupción y clientelismo político el dinero que el Estado extrae impositivamente, inspiraría menos ilegalidad. Las recaudaciones previsionales mejorarían -y fue probado en el pasado- si las extracciones al capital y al trabajador fueran mesuradas en monto y no para permitir robar a burocracias sindicales. Si, además, se cobraran sólo a partir de sueldos de $ 800 o $ 1.000 (conocida idea del economista Ricardo López Murphy) bajaría «el negreo» de una marginalidad empresarial no rica que se ubica, por necesidad, entre la intranquilidad por clandestino o el cierre si es virtuoso. El otro dinero es el que preocupa, el de pago en billetes chicos y cash por porciones de droga que termina generando movimiento de altos montos. Si un organismo público puede llegar a tener el derecho de que una entidad financiera levante el secreto bancario de un ciudadano común por la posibilidad de que opere en financiamiento de terrorismo o drogadicción, la sociedad exige lo obvio: que ese organismo no sea político ni ideologizado. Menos aun penetrado por funcionarios simpatizantes del terrorismo o protegidos por quienes fueron terroristas, que nunca se arrepintieron y que aún sueñan con una dictadura en el país, si es posible marxista.

Lamentablemente estos deseos antidemocráticos los acuna todavía una minoría argentina que bastonea Horacio Verbitsky, un intelectual, un periodista que lanza por la prensa buchonerías seleccionadas que amedrentan desde jueces a periodistas. Un personaje no electo -ni en listas sábanas- pero de enorme poder desde las sombras en esta gestión Kirchner y que goza hoy de la impunidad jurídica que dice combatir.

Verbitsky pone y saca miembros de la Corte Suprema de Justicia; sienta a su lado en comidas y es recibido en su despacho por el presidente del más alto tribunal del país, Enrique Petracchi. Se ha cebado al extremo, en estos días, de sacar en horas de su cargo a jueces, suspenderlos y hacerles juicio político porque también domina el Consejo de la Magistratura, que preside precisamente Petracchi. Ha implantado en la Argentina la vergüenza jurídica de que los magistrados ahora pueden ser juzgados y echados por sus fallos. Todo maquinado por este personaje que en su pasado apretó detonadores de explosivos que a distancia mataron civiles inocentes para satisfacer la «prueba de sangre» (de sangre derramada) que el grupo terrorista Montoneros exigía a sus miembros como resguardo de lealtad.

Titiritea la Justicia sin cargo público; frecuenta los más altos despachos del gobierno; maneja los expedientes para ascensos o descabezamientos de militares; tiene colocados hombres que le responden desde la Cancillería hasta el comando general de las Fuerzas Armadas, al extremo de que en el propio gobierno dicen que «Verbitsky tiene una SIDE paralela» por la cantidad de información que recibe de sus infiltrados en organismos públicos. Por si fuera poco, domina los dos principales medios de prensa del país, «Página/12» y «Clarín», con los cuales opera para sus fines. La impunidad judicial le llega por intimidar jueces. Nada menos que la presidenta de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, lo denunció públicamente por haber permitido Verbitsky que le falsificaran su firma en cheques, disponiendo de fondos públicos de la provincia de Buenos Aires destinados a un organismo oficial. Pese a la seriedad de la denunciante y lo fácil de probar una falsificación de firma en un cheque, el tema fue judicialmente silenciado aunque se trate de un hecho penal.