¿Qué hace un político cuando quiere juntar plata? Crea una fundación. ¿Qué hace un gobernante cuando quiere eludir la vigilancia en el gasto? Crea una «agencia», una forma de reformar dependencias públicas según una ingeniería legal y financiera que le permite sacudirse de encima los controles previstos en Constituciones y demás reglamentos. Esta moda la inició el actual gobierno de Córdoba, y bastante le ha costado a José Manuel de la Sota el reproche de sus opositores por las barreras de las ocho agencias que creó (para reemplazar ministerios) entre los funcionarios y los auditores.
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Este pergeño de la nueva política tiene la virtud del nombre (se copia de las «Agencies» americanas), también lo justifican sus defensores en que la burocracia es lenta y cara. Una «agencia», es verdad, funciona con rutinas de la actividad privada y tiene mayores facilidades de contratación; pero es atractiva para el gobernante porque le saca también de encima las auditorías convencionales que a veces miran más de lo que ese gobernante querría.
Este invento de la nueva política lo quiere imponer Mauricio Macri cuando asuma el Gobierno porteño el 10 de diciembre en tres de las áreas más resbaladizas de la administración: rentas, habilitación de comercios e industrias y medio ambiente. Lo mismo pretende Daniel Scioli en Buenos Aires para darle más facilidades a Santiago Montoya en su tarea de persecución de golfistas y otros presuntos evasores.
La moda de la «agencia» no ha desplazado al viejo ardid de las fundaciones. Anoche, un grupo de funcionarios kirchneristas (en realidad todos los kirchneristas son funcionarios, no los hay entre la gente del común) se agolpó en un primer piso del barrio de San Telmo para lanzar la Fundación Primero Argentina, de la cual forma parte medio gabinete y la preside uno de los operadores de medios del gobierno (Carlos Long, edita revistas oficialistas para Rudy Ulloa).
Interrogante
¿Para qué lanzar una fundación partidaria a 60 días de las elecciones? No para formar cuadros ni desarrollar proyectos de investigación, actividades que pueden prosperar en el largo plazo con las facilidades que tienen las fundaciones (no pagan impuestos, pueden juntar dinero «pro bono», gastarlo con liberalidad y también sin muchos controles). Sí para usar fondos de campaña sin control alguno. En 2003, por ejemplo, las tres candidaturas del peronismo se pelearon en todo, menos en el reparto de los fondos de campaña que da el gobierno. Fueron todos a una Fundación Argentina Solidariaque se encargó de distribuirlos entre las fórmulas que encabezaron Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá.
Cuando la Justicia quiso la rendición de cuentas de los gastos de campañas intentó revisar esa fundación, pero era tarde. Nunca encontraron a su gerente, había sido disuelta jurídicamente y sus bienes habían desaparecido. La revisión del gasto público y privado de las presidenciales de 2003 terminó en el peregrino fallo de la Justicia que exculpó al actual jefe de Gabinete -apoderado de la candidatura Kirchner- de toda responsabilidad en el manejo de fondos porque, dijo la jueza electoral de la Capital, Alberto Fernández no sabía que alguien pagaba sus gastos sin decírselo. Realismo, aunque no mágico, pero sí efectivo.
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