Piqueteros anoche desalojaban Palermo

Luego de otro pacto con el gobierno -esta vez para recibir terrenos en otros sitios para instalarse-, los activistas piqueteros del Movimiento Teresa Rodríguez, que habían acampado en Santa Fe y Bullrich en el corazón de Palermo de la Capital Federal, comenzaron a mudarse anoche. Aníbal Ibarra, que gobierna el distrito, lo confirmó luego de condenar expresamente la actitud por consagrar la violencia frente a los miles de ciudadanos que esperan un crédito o un lote anotados en los servicios oficiales de promoción a la vivienda. El jefe de Gobierno además adelantó a este diario que ni su gobierno ni la Legislatura autorizarían nunca construir viviendas en ese lugar y menos en beneficio de los intrusos que promovieron una provocación al resto del país, sabiendo que además el gobierno está intimidado y les cede hasta leyes para desprocesarlos por sus tropelías.

Los activistas del Movimiento de Desocupados Teresa Rodríguez, que tomaron el terreno ubicado en las avenidas Santa Fe y Bullrich, prometieron desocuparlo a cambio de otras tierras para sus viviendas.

Los piqueteros que, desde la semana pasada, ocupaban un terreno fiscal en el barrio porteño de Palermo decidieron anoche dejar ese lugar ante la «buena voluntad» del gobierno «para que esto se solucione». Las casi 70 familias que habían acampado en el terreno de avenida Santa Fe, casi esquina Bullrich, dejaron anoche el lugar y hoy se reunirán con autoridades del Plan Arraigo y del ONABE (Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado). Así lo informó el dirigente Antonio Bitto, del Movimiento Teresa Rodríguez «12 de Abril», quien agregó que tomaron la decisión de retirarse del lugar porque «existe la posibilidad de solución» a su reclamo de tierras.

Con la promesa del gobierno de que habrá terrenos en la Capital Federal para construir sus viviendas, ya anoche había algunos dispuestos a irse de ese lugar. El propietario del predio, el Ferrocarril General San Martín -división del ente Metropolitano-, había hecho una denuncia en el juzgado federal a cargo de Jorge Ballestero por «ocupación de terrenos privados».

•Problema ajeno

Mientras tanto, el gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos a cargo del ex juez Eduardo Luis Duhalde, prepara un proyecto de ley para desprocesar a alrededor de 3.000 piqueteros, incluidos los que tomaron en su momento el Ministerio de Trabajo, obligando a su titular, Carlos Tomada, a permanecer dentro de su despacho. El mismo ministro que diez días después, a raíz de la movilización de los más duros desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo de la semana pasada, los justificara en sus reclamos.

Fue el jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, el que alertó sobre la inminente desocupación de ese lote de 5.000 metros cuadrados.

«El titular de los terrenos en Palermo dice que los piqueteros se van», dijo. «Como jefe de Gobierno condeno esa ocupación mientras hay gente esperando por créditos para la vivienda propia», remarcó Ibarra a este diario en la tarde del domingo en clara sintonía con la opinión generalizada de los porteños, agregando que «ni el Gobierno de la Ciudad, y tampoco la Legislatura, van a autorizar para que en ese lugar se construyan viviendas».

El conflicto planteado obligó al gobierno a definirse. Para Ibarra es un problema claramente ajeno a su competencia: «El Gobierno de la Ciudad no ha hecho nada porque no es propietario de las tierras», precisó ante la consulta. Tampoco lo es el gobierno nacional. El jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, advirtió que no sería usada la fuerza pública para desplazar a ese grupo de piqueteros que el viernes se instaló en pleno barrio de Palermo. Las inmobiliarias locales cotizaron el lugar en alrededor de 1,5 millón de dólares, junto al Puente Pacífico, sobre las avenidas Santa Fe y Bullrich.

Fernández consideró que las ocupaciones de espacios fiscales «no son los métodos» para reclamar la construcción de viviendas para los sectores más postergados. Sin embargo también afirmó que desde el gobierno están «seguros de que el remedio no es ejercer la violencia del Estado» sobre los piqueteros. El mensaje es claro, no se repetirán episodios como los ocurridos aquel 19 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo y en Congreso, que terminaron provocando la renuncia de Fernando de la Rúa.

Por otra parte, el funcionario envió un mensaje a los grupos más duros al afirmar que el gobierno no va a responder a los pedidos de ayuda cuando éstos se realizan «con métodos de amenazas o extorsión».

Sobre la ocupación del predio en Palermo, en cambio, opinó distinto un aliado del gobierno, uno de los jefes piqueteros frecuentemente recibidos en la Casa de Gobierno. Luis D'Elía -diputado provincial y frustrado candidato a gobernador bonaerense-, opinó que «en Palermo hay una gran cantidad de predios ocupados. Creo que ahí se trata de un predio ocioso del Estado nacional. Yo que vivo en uno de ellos, no voy a hacer juicio sobre otro que busca viviendas en un predio ocioso del Estado».

No obstante, y con gesto conciliador, aclaró que «hay un proyecto de vivienda popular, es cuestión de sentarse a conversar con esas 70 familias a ver si pueden emprender una cooperativa y empezar a hacer vivienda social y de paso es trabajo genuino», remató el jefe de la Federación Tierra y Vivienda.

También fue D'Elía -convertido en portavoz del gobiernoquien anticipó que «en poco tiempo más va a ser enviado» al Congreso un proyecto de ley que prevé desprocesar a piqueteros que tienen causas judiciales en su contra. D'Elía aprovechó y cuestionó con términos rebuscados a los líderes de otras organizaciones piqueteras, aunque se duda del primero de ellos-, que «obtienen respuestas sectoriales y después usan esas respuestas para volver a la carga con los mismos temas o con una visión que no se compadece con el diálogo propositivo» (sic).