La escalada de violencia piquetera alcanzó ayer otro nivel cuando un grupo de activistas asaltó, saqueó e incendió la sede de una compañía petrolera en Campo Durán, Salta. Fue el acto más grave de los dos últimos años y lanza una advertencia ineludible: esas prácticas de violencia sorda que son los cortes de calles y de rutas, la tolerancia de las fuerzas de seguridad, que tienen orden de alejarse de cualquier protesta para dejar que fluyan lejos de la criminalización, son ejercicios de manual. Terminan siempre en actos de más violencia, con más daño. Esos altercados ya han costado vidas humanas, ayer hubo pérdidas por más de un millón de dólares de una empresa que pertenece a un grupo multinacional -el principal de la Argentina- y que salta a las pantallas de todo el mundo con un altísimo costo. No sólo en imagen sino ya en negocios que no vendrán a un país que ordena a sus policías que no repriman estos incidentes, como se vio ayer en Salta, o anoche en el centro porteño, donde se sucedieron manifestaciones con diversos motivos -protestas contra el ALCA, pedido de más planes de ayuda, etc.-, que impidieron otra vez la vida normal de los vecinos.
El departamento de General San Martín, donde se encuentran Mosconi y Tartagal, ya había sido en los años 2000 y 2001 centro de conflictividad entre activistas y fuerzas de seguridad, El conflicto se inició ayer por la mañana, cuando el juez federal
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