14 de noviembre 2003 - 00:00

Ponen límites a juicios al Estado

Entre los cambios al Presupuesto 2004 aprobados anoche por la Cámara de Diputados, se estableció un límite para los juicios contra el Estado. A partir del 30 de junio del año próximo caducarán los derechos para iniciar demandas y reclamos para cualquier organismo público nacional por deudas originadas entre el 1 de abril de 1991 y el 31 de diciembre de 2001, salvo que se trate de deudas previsionales.

Ponen límites a juicios al Estado
La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de Presupuesto Nacional 2004 después de casi 11 horas de debate donde no faltó desde el escándalo por haber otorgado poderes especiales al gobierno, cuando los diputados supuestamente ya habían decidido lo contrario, hasta una puesta en escena en el recinto de la interna riojana que divide a los menemistas de Jorge Yoma. Antes de la hora en que se terminó de sancionar el Presupuesto en Diputados el oficialismo ya había armado la agenda de votación en el Senado. La sesión allí esta prevista para el 26 de noviembre y, aunque las disidencias en esa Cámara son muchas, no existe ningún caso en la historia reciente de un proyecto de presupuesto en que los senadores hayan devuelto con cambios a Diputados.

El colmo de las curiosidades de ayer llegó cuando el peronista Diego Santilli propuso, con la inocencia de quien plantea un cambio en partidas menores, que se otorgara un crédito de $ 150 millones a NASA para la terminación de la central nuclear Atucha II. Como nadie tenía conocimiento del tema en el recinto, los radicales se opusieron a esa idea llegada en paracaídas a último momento, y el artículo se abortó.

El debate del Presupuesto se retomó ayer a las 9.30 después de que los diputados habían pasado a un cuarto intermedio a la madrugada, agobiados por el cansancio de horas de sesionar.

Recién a las 15.45 se votó el proyecto en general y, a partir de allí, comenzó el tratamiento de los artículos.

Desde ese momento, pasaron por los discursos, además de las críticas a los facultades otorgadas al Ejecutivo, hasta el tratamiento de las pensiones no contributivas.

•Discusión

Pero lo mas movido, en cuanto a interna peronista, se dejó para el final. Los riojanos opuestos al gobernador Angel Maza habían conseguido redactar un artículo, el 84, que disponía la posibilidad del gobierno de girar fondos vía transferencias a municipios para destinar a la capital provincial de La Rioja. El tema producía conflicto, sobre todo porque ya los gobernadores se habían opuesto a un artículo similar incluido en el dictamen que permitía hacer lo mismo, pero con cualquier intendencia del país.

Ricardo Quintela, hasta diciembre diputado, ya electo intendente de La Rioja y seguidor de Yoma, tomó la palabra en el último minuto del debate para defender los fondos. Argumentó que su ciudad vive sometida a las decisiones del gobernador «hasta para nombrar a un portero». Pero como la historia que relataba es similar a lo que sucede en otras provincias, no tuvo eco. Finalmente, Eduardo Camaño consideró que había agotado su tiempo como orador y, sin siquiera sacarle la palabra, declaró sancionado el Presupuesto.

El resto de las principales discusiones se centró en la ratificación de los decretos de Eduardo Duhalde y los registros extra-presupuestarios que dispusieron los préstamos para el Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales, los $ 2.383 millones que el Estado recibió en LECOP y patacones en pago de impuestos nacionales, lo que perjudicó la recaudación del año pasado, el rescate de cuasi monedas, y los $ 16.183 millones que se debe compensar a bancos por la pesificación asimétrica. Los radicales, en síntesis, se opusieron a toda la ratificación parlamentaria de decretos firmados durante la pesificación y el «corralito».

El gobierno no pudo aprobar una de las últimas ideas incluidas por el gobierno en el Presupuesto: la posibilidad de aplicar multas a los funcionarios que no respetaran los controles del gasto o se extralimitaran en su uso.

El radicalismo argumentó que, si bien la medida era loable, no correspondía al Presupuesto Nacional establecer ese tipo de multas. Se propuso, entonces, redactar en el futuro una nueva norma que regule los controles y multas que pueda aplicar la SIGEN a los funcionarios.

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