El proyecto, que estaba para ser votado, no alcanzó el martes a obtener dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, porque el radicalismo y un grupo de abogados -encabezados por Carlos Andreuchi de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)- presentaron una sólida oposición. De no haber ocurrido, Cristina de Kirchner -principal defensora de la reforma- se habría alzado con un triunfo que en la práctica le hubiera dado a la administración Kirchner el control total para bloquear o imponer decisiones en el Consejo de la Magistratura.
El proyecto de ley que motoriza el gobierno prevé la reducción del número de miembros de 20 a 13, pero mantiene -obvio- la representación legislativa en manos de senadores y diputados. De ese modo, los integrantes del Consejo serían: tres miembros de cada cámara (dos por la mayoría y uno por la primera minoría), tres jueces, dos representantes de los colegios de abogados, uno por el Poder Ejecutivo y uno por el ámbito científico y académico.
El nuevo esquema
Además, le otorga al oficialismo el manejo de 1/3 del Consejo de Jueces: de 13 miembros, cinco responderán al eje oficial (dos senadores oficialistas, dos diputados oficiales y un representante del Ejecutivo). Número más que suficiente para frenar decisiones en las que se necesita la mayoría calificada de 2/3 de los votos.
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