Purga en el Congreso
No sólo el gobierno complicó el fin de año en el Congreso al enviar un paquete de prórroga y reforma de impuestos y la conocida continuidad de la Emergencia Pública. Al disgusto que debe producirle a la Presidente pedir una renovación de esa norma que siempre criticó se suman los efectos de la rebelión en el oficialismo que protagonizó Felipe Solá. Algunos de sus seguidores serán presionados esta semana para que abandonen la presidencia de comisiones y no pongan en riesgo la aprobación de esas leyes.
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Agustín Rossi
Ese tema, que está incluido en el paquete impositivo, también debería pasar por las manos de Daher.
El problema, en realidad, no es la emisión de los dictámenes en las comisiones con problemas, sino la defensa de esos proyectos en el recinto. El miembro informante, por lo general, es el presidente de cada comisión involucrada, en el caso que el proyecto sea impulsado por el oficialismo. Teniendo el número para controlar esos cuerpos, entonces, el kirchnerismo quiere utilizarlo desplazando a los presidentes que se fueron de la bancada.
Otro caso es el del rionegrino Julio Arriaga, que marchó del kirchnerismo tras Solá y aún controla la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor. A él también le pedirán la renuncia hoy. Más difícil de resolver es la situación del bonaerense Jorge Villaverde, que dejó el bloque oficial pero no se fue junto con Solá sino que armó su propia bancada.
Medio bloque kirchnerista da por sentado que Villaverde también debe presentar la renuncia a controlar esa comisión, pero no está tan claro que sea inminente como en los casos de Daher y Arriaga.
De todas formas, no es la mejor manera para el gobierno de terminar el año en Diputados. Menos cuando aún le falta aprobar en las dos Cámaras no sólo la prórroga de la emergencia pública y del impuesto al cheque, a los cigarrillos, la reforma en Bienes Personales y la suba en el tributo al gasoil, sino también la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
Rossi, por lo pronto, confía en que tiene los votos suficientes pero se prepara la batalla. Por eso se pasó el fin de semana en Santiago del Estero junto a Patricia Vaca Narvaja, vicepresidente de Diputados, para apoyar al gobernador Gerardo Zamora -el más fiel de los radicales K- en las elecciones del próximo domingo. En este caso también los une la necesidad: de Zamora dependen seis diputados del Frente Cívico que siempre votan con el kirchnerismo en la Cámara. Algún desencuentro con ellos sería letal para el gobierno después de la salida de Solá y sus seguidores.
Más confusa en la situación de otros integrantes de la bancada. A Rossi no le convence para nada el silencio de los últimos días de José María Díaz Bancalari y Graciela Camaño. Díaz Bancalari perderá la presidencia del PJ bonaerense en manos de Alberto Balestrini, que no lo tiene entre sus mejores amigos, justo cuando se comienza a hablar del renacimiento del bloque Peronista Federal que presidió el propio Díaz Bancalari e integró Camaño.
Al mismo tiempo, el oficialismo deberá enfrentar una protesta impensada hasta hace poco: un pedido de la oposición y aliados del oficialismo para que el Congreso ratifique la ley de glaciares, que fue vetada «con observaciones en su totalidad» por Cristina de Kirchner.
El oficialismo no aceptará que esa discusión llegue al recinto y desemboque en una nueva votación, pero es imposible que no haya debate. Así, los diputados de las provincias cordilleranas deberán defender ese veto. «Es una ley en donde se contradicen las cuestiones ambientales con los proyectos de infraestructura», afirman en el kirchnerismo, aunque reconocen que fue un «error» que la ley se aprobara por unanimidad en las dos Cámaras.




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