Qué dice documento lavagnista-radical

La Unión Cívica Radical ya tiene listo el documento que emitirá el próximo fin de semana la Convención Nacional del partido. Titulado «Bases programáticas para una alternativa política en 2007», el texto será debatido por los convencionales del radicalismo para definir la estrategia de la UCR para las próximas elecciones. El proyecto, redactado por el presidente de la Convención, Adolfo Stubrin, no habla de candidaturas. Sin embargo, el radicalismo alfonsinista resume en estas páginas varias de las propuestas de Roberto Lavagna. Contiene fuertes críticas a la gestión de Néstor Kirchner y reclama la necesidad de construir una alternativa superadora con «pluralismo ideológico». También fustiga al radicalismo kirchnerista el -Movimiento Radical Federal-, liderado por los gobernadores Julio Cobos -Mendoza-, Arturo Colombi -Corrientes-, Miguel Saiz -Río Negro-, Eduardo Brizuela del Moral -Catamarca- y Gerardo Zamora -Santiago del Estero-, aunque exhorta a una «concertación de ideas», casi parafraseando a Néstor Kirchner. A continuación, se reproducen sus principales pasajes:

Adolfo Stubrin

A cinco años de la gran crisis, la Argentina es hoy un país frente a circunstancias externas e internas más favorables desde hace varias décadas. Contamos, por lo tanto, con una excelente oportunidad: la oportunidad del desarrollo económico nacional...

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La democracia republicana, representativa y federal es ese espacio. Para que exista son indispensables las reglas, como la Constitución y las leyes, pero también actores protagónicos que se obliguen los unos a los otros a respetar esas reglas. Los partidos políticos son esos protagonistas. Y la UCR es el partido que, abrevando en su tradición y habiendo aprendido de sus aciertos y errores, de sus triunfos y fracasos, asume como misión lograr que la política sirva, no para consolidar el poder y la riqueza de unos pocos, sino para distribuirlos entre los trabajadores de todas las clases sociales que se esfuerzan a diario para producirlos y que, con sus convicciones y estilos, dan forma a la sociedad plural.

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Quienes hoy recibieron la responsabilidad de gobernar la Nación actúan como si haber sido elegidos por el voto popular los autorizara al ejercicio ilimitado del poder. Los radicales no compartimos esa concepción, porque entendemos que no se corresponde con el régimen político establecido por la Constitución Nacional y porque creemos que está impidiendo aprovechar la oportunidad que el país tiene.

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Es necesario dar un salto adelante: hacia el equilibrio institucional, hacia el fortalecimiento del Estado y hacia la cohesión social. Las experiencias exitosas de la segunda mitad del siglo XX nos enseñaron que las naciones avanzadas, prósperas, respetadas, productivas y cultas no debieron su progreso a la magia de las circunstancias, ni a la mera voluntad de las personas, ni a gestos efectistas destinados al corto plazo, sino a la combinación de tres condiciones que sólo la política puede proveer y garantizar: instituciones republicanas fuertes, un Estado capaz y efectivo y una sociedad abierta, productiva e incluyente. Por eso, las estrategias a seguir para satisfacer estas condiciones son las bases programáticas de lo que para nosotros debe ser la misión de la próxima gestión presidencial.

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El Poder Ejecutivo Nacional ya era enormemente poderoso cuando asumió la presente administración: podía dictar, con limitaciones constitucionales que no cumplió, decretos de necesidad y urgencia; tenía facultades delegadas por el Congreso para hacer frente a la emergencia económica; y administraba un sistema fiscal que concentraba los recursos impositivos en sus manos. En lugar de abordar el contexto de crisis en que asumió como un desafío para equilibrar las instituciones y elaborar políticas de consenso para resolver los problemas del país, el Presidente optó por agravar los desequilibrios institucionales concentrando aun más poder en su persona.

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Un país donde el Presidentedesconoce a los legisladores y emplea los recursos del Estado para subordinar a gobernadores e intendentes somete la democracia a una deformación burocrática, donde los mandatarios originalmente electos por el pueblo pierden toda autonomía y se convierten en meros funcionarios de quien tiene todo el poder político y fiscal en sus manos.

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Hay que garantizar al Poder Judicial la independencia que le corresponde. Esto requiere modificar la Ley del Consejo de la Magistratura que hoy permite al oficialismo controlar la designación de los jueces, y nombrar los jueces de la Corte Suprema que faltan, o reducir su número a siete.

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El federalismo sólo será efectivo cuando las provincias puedan implementar sus propias políticas públicas, y las provincias sólo podrán hacer esto cuando cuenten con un horizonte financiero previsible, estable y legalmente garantizado. Ello requiere sancionar una ley de regularización de las deudas provinciales y crear de una vez por todas el régimen de coparticipación ordenado por la Constitución Nacional.

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Consecuente con ello, desde fines de 2005 el gobierno ha reestatizado totalmente algunas empresas para entregarlas a sus sindicatos amigos como en el caso del agua, ha recomprado parcialmente otras para salvar a sus empresarios amigos como en los aeropuertos, y ha obstaculizado con frecuencia la participación de empresas no favoritas en los procesos de adquisiciones y fusiones de compañías y bancos de importancia.