Raúl Garré, hermano de la ministra de Seguridad Nilda Garré, renunció a la jefatura de Gabinete de asesores de la cartera, en medio del conflicto con los efectivos de Gendarmería y Prefectura que ya lleva ocho días. El saliente funcionario fue el autor del decreto 1307 que generó el recorte de salarios de los agentes y que derivó en la protesta.
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La renuncia fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Escueta, no menciona los motivos de la dimisión y sólo se limita a formalizar la salida del funcionario.
El pasado 4 de septiembre el Gobierno formalizó el decreto 1307/12 que fijó nuevas escalas salariales para las fuerzas de Gendarmería y Prefectura. El conflicto, que cumplió su octavo día, estalló la semana pasada cuando los sueldos de los prefectos fueron depositados con una reducción, según denunciaron, de "entre 30% y 60%". Horas después se sumaron los gendarmes.
Ante la protesta conjunta de ambas fuerzas, el Gobierno reaccionó suspendiendo "por 30 días" el decreto y abonando a los efectivos los salarios de la misma forma que lo habían percibido en el mes anterior. Además, anunció que las liquidaciones de haberes dejarían de estar en manos de las autoridades de Gendarmería y Prefectura para pasar al Ministerio de Seguridad con asistencia del de Economía.
Asimismo, el martes el Gobierno ratificó las acusaciones sobre irregularidades en las liquidaciones salariales. En ese contexto, el Ministerio de Seguridad, realizó una denuncia penal contra varios funcionarios entre ellos el exdirector Nacional de Gendarmería Héctor Schenone y su exsegundo Juan Obdulio Sainz, por los delitos de "administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública" y "tráfico de influencias".
Se los acusa de haber efectuado una interpretación ilegítima de los fallos de la Corte Suprema recaídos en las causas "Salas" y "Borejko"; de forma tal que beneficiara lo más posible a los peticionantes, "ocasionando un correlativo perjuicio al patrimonio estatal".
Días atrás, el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina reconoció que la liquidación de sueldos fue "desastrosa" y responsabilizó por el hecho a las cúpulas directivas por intentar mantener sus "privilegios" salariales, que ascendían hasta los cien mil pesos. De acuerdo con la denuncia, existieron "algunos casos" en los que, gracias a fallos judiciales "se habían liquidado diferencias mayores al 800 por ciento respecto del haber o sueldo mensual".
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