El gobierno dará hoy un paso más en su intento por seguir instalando la idea de que el cuidado del medio ambiente es política de Estado al concretar la frustrada firma de la declaración de emergencia ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo, como parte de un proyecto de ley que impulsará la creación de una autoridad de cuenca. La postergó el Presidente el viernes, enojado porque en diarios había adelantado información sobre compromisos dinerarios que, dijo, debía consultar aún.
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Será una semana antes de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema, que en un fallo histórico reclamó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad a presentar un plan de limpieza para el Riachuelo. Así, y luego de posponer sorpresivamente el anuncio previsto para el viernes, Néstor Kirchner presentará junto con la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, el Plan de Emergencia y Saneamiento del Riachuelo.
Al frente de ese organismo, Picolotti conservará la facultad de ejecutar el presupuesto de 3 mil millones de dólares asignado a las obras de saneamiento, de usar el poder de policía para controlar que no se siga contaminando el Riachuelo y de sancionar a quienes no cumplan con esta premisa.
Informe
Luego del anuncio, Picolotti informará junto con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sobre los aspectos fundamentales del proyecto de ley cuyo contenido ha sido adelantado exhaustivamente por la prensa.
A comienzos de agosto, la Legislatura porteña -sin el apoyo de la bancada kirchnerista- había aprobado una resolución similar que permitió al Gobierno de la Ciudad disponer de 300 millones de pesos para un plan de saneamiento que contemple la reubicación de familias, el impulso de una autoridad de la cuenca y la realización de un censo en la zona.
Ahora, la premisa nacional es sustentar con este proyecto de ley que la destrucción ambiental viola los derechos humanos. Así, la recuperación y la protección de la cuenca Matanza-Riachuelo son entendidasen el plan oficial de Emergencia y Saneamiento como un derecho que asiste a las poblaciones que, en condiciones precarias, viven a orillas del espejo de agua.
Por ello, el proyecto contempla la creación de un Fondo de Compensación Ambiental destinado a la protección de los derechos humanos de quienes viven en las dos orillas del Riachuelo, a partir de la protección, mitigación y recomposición de los daños ambientales.
Veamos los ejes centrales de la iniciativa:
El plan de saneamiento demandaría al menos 10 años.
Requerirá de una inversión de al menos u$s 3 mil millones, financiados por la Ciudad, la provincia y Nación, que se apoyarán a su vez en préstamos externos.
Apunta a construir un conducto que colectará efluentes en la margen izquierda del Riachuelo, que se ubicará a una profundidad de 30 metros y que arrancará en el cruce del río Matanza con la autopista Riccheri; a ese ducto irán conectadas las cloacas centrales, rumbo a la planta impulsora de Boca-Barracas.
Contempla instalar cañerías y cloacas, que beneficiarán a cerca de 4 millones de ciudadanos del Gran Buenos Aires.
También será remodelada la planta de tratamiento de efluentes orgánicos de Berazategui, para sumarle la tarea de ejecutar un tratamiento primario de esos efluentes, mientras que será construida una nueva planta de bombeo en la Ciudad de Buenos Aires para recibir los residuos orgánicos del macrocentro y de la cloaca mayor, que corre paralela al Río de la Plata.
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