El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, afirmó que la aplicación de la denominada ley antiterrorista contra la imprenta de origen estadounidense Donnelley "es la única figura" que el Estado podía utilizar para "poner en tela de juicio" las acciones de los fondos buitre para "desestabilizar" al país.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
"Parece muy fuerte la figura utilizada, pero es la única que pone en tela de juicio todas las actitudes de los fondos buitre en sus propiedades a nivel internacional", afirmó el funcionario. En declaraciones periodísticas agregó que la operatoria de los fondos buitre a través de sus empresas repartidas en el mundo es "siempre la misma: desestabilizar, hacer bajar acciones, tenerlas y luego cobrarles a los países por valores que no pueden pagar nunca". Según dijo, "el cierre de empresas" es una de las herramientas que utilizan para "desestabilizar países", como intentan hacerlo con Argentina.
La Presidente Cristina de Kirchner anunció que pidió a la Justicia la aplicación de la ley antiterrorista a la imprenta multinacional Donnelley por considerar que intentó alterar el orden económico y financiero al declarar su quiebra. Además, se vincula a la empresa Donnelley con NML, el fondo buitre liderado por Paul Singer, al que responsabilizó de articular que la empresa haya presentado la quiebra el viernes en forma sorpresiva y sin motivo ya que su patrimonio neto es positivo.
Sbatella explicó que el pedido de aplicación de la ley antiterrorista fue en base a dos cuestiones legales: "el delito precedente y el agravante". "En este caso existe un delito precedente, que es la estafa fraudulenta, y un agravante, que es el hecho de que se atemorice a la población con el default y se impida al Estado nacional hacer un acto, o dejar de hacerlo", consignó el funcionario.
Este último aspecto, el de impedir al Estado nacional hacer un acto o dejar de hacerlo, se refiere a la decisión de la justicia de Estados Unidos de impedir que el dinero depositado para que cobre el 93,4 por ciento de los bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda soberana argentina.
Si la justicia federal argentina entiende que se dieron esos dos delitos, la UIF estaría habilitada para el "congelamiento financiero de los fondos buitre que están detrás de las empresas que tienen operaciones en Argentina, y también solicitar el embargo de los fondos en otros lugares", según dijo Sbatella. El funcionario resaltó la importancia de que Argentina tenga esta ley antiterrorista que contempla delitos económicos y advirtió que además de Donnelley, "hay otras empresas de los fondos buitre con operaciones en Argentina que ya están identificadas".
La denuncia contra Donnnelley ya fue presentada por la AFIP y quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá dar vista a la fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación y ordenar medidas de prueba.
Dejá tu comentario