Scioli se desmarca: rechaza despenalización de drogas

Daniel Scioli -en la foto, ayer en una charla con empresarios pymes en Quilmes, junto al intendente Francisco Gutiérrez- expresó ayer su negativa a la despenalización de drogas que impulsan sectores del gobierno nacional.

Daniel Scioli tomó distancia ayer del proyecto oficial para despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Sin chocar con la Casa Rosada, el gobernador expresó su resistencia a la iniciativa que impulsa Aníbal Fernández desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Scioli pidió «abrir el debate» y sumar al análisis y la discusión de ese proyecto a todos los sectores sociales, entre los que destacó particularmente a la Iglesia Católica. Nada es casual: allí reside una de las negativas más firmes a despenalizar el consumo.

Ese tono mutó a lo largo del día ayer. Lo que primero fue un rechazo expreso a la despenalización, luego se transformó en un llamado a «no criminalizar» al adicto. Se adaptó, de ese modo, a la opinión que unos días atrás Cristina de Kirchner dio en público.

Hubo, de hecho, esfuerzos claros por parte del sciolismo para evitar que su posición sobre las drogas sea leída como un cortocircuito con la Casa Rosada.

En los hechos, lo es; sin embargo, el gobernador se encargó de trasmitir que no es su intención confrontar.

«Me parece bien que se mande un proyecto al Congreso y que se abra un fuerte debate -aseguró Scioli-; para eso el Poder Ejecutivo con responsabilidad nacional envía esto, habiendo hecho un estudio a fondo antes, en el que la provincia participó.»

Daniel Scioli -en la foto, ayer en una charla con empresarios pymes en Quilmes, junto al intendente Francisco Gutiérrez-expresó ayer su negativa a la despenalización de drogas que impulsan sectores del gobierno nacional.

Antes, el tono había sido otro. «La droga afecta la salud de nuestros jóvenes.

Asumí la lucha contra la droga. Estoy en contra de la droga y del narcotráfico. La droga mata y envicia», fue su planteo inicial tras pedir que se abra el debate sobre el proyecto K.

A su lado, la explicación es todavía más contundente y se sostiene sobre un doble argumento: la despenalización podría derivar en mayor cantidad de delitos y, además, en que se incrementen los accidentes automovilísticos y los muertos como consecuencias de aquéllos.

Derivación

En el gobierno de Scioli explican que en los estratos sociales más bajos, la despenalización agravaría el consumo y eso derivaría, casi invariablemente, en un incremento de los hechos delictivos. En ese punto,Scioli encontró coincidenciacon Francisco de Narváez. En la misma línea se expresóel ex ministro de Seguridad de Felipe Solá, León Arslanian: dijo que, de hecho, no existen sentencias contra consumidores, pero dijo no coincidir con la idea de que el Estado resigne su «rol tutelar».

No parece casual que el planteo resuene en medio de la masacre de Campana, hecho que volvió a instalar en la agenda pública el problema de la inseguridad.

En tanto -se dijo en la gobernación-, eliminar la sanción penal sobre el consumo también afectaría a los sectores medios y altos, y de ese modo podría producirse un incremento en los accidentes de tránsito. Aparece, además, se explicó, ligado al consumo de alcohol.

A esas definiciones puntuales, ante la prensa Scioli se limitó a pedir la no criminalización del adicto. «Al adicto no hay que criminalizarlo. Hay que rescatar a nuestros jóvenes. La droga es la contracara de la vida. Hay que despolitizar la lucha contra el flagelo de la droga», precisó.

En debate

Ayer, en el Ministerio de Justicia y Seguridad se evitó salir al cruce de los dichos de Scioli. «El proyecto está en debate y en el debate hay opiniones diferentes», fue la escueta explicación dada desde esa cartera.

La iniciativa oficial es producto del análisis que realiza un «grupo de notables», integrado por jueces, fiscales, psicólogos y sociólogos que fueron convocados por Aníbal Fernández para explotar el diseño de un proyecto de despenalización o, mejor dicho, descriminalización.

Aunque se afirma que ya hay un borrador muy avanzado, en el gobierno aseguran que un texto definitivo -o casi-recién estaría completo para fin de año.

Así y todo, la matriz de la iniciativa gira en torno a no castigar al consumidor de droga, pero sí intensificar las penas para los que comercien, distribuyan, trafiquen o ingresen droga de contrabando.