Se garantiza Cristina la ley para negociar tarifas

El kirchnerismo quedó solo ayer en el recinto de Diputados para sancionar la prórroga de la Ley de Emergencia Pública.

El gobierno consiguió ayer zafar del máximo escollo que tenía en el Congreso para sancionar la prórroga a la Ley de Emergencia Pública a tiempo antes de que Cristina de Kirchner asuma la presidencia.

Diputados consiguió votar el proyecto y hoy el Senado lo convertirá en ley, todo cumpliendo las órdenes estrictas de la nueva presidente para que sea su marido y no ella quien la proclame. Una especie de regalo matrimonial de despedida del cargo, ya que Cristina de Kirchner nunca estuvo de acuerdo con ese tipo de normas de excepción, aunque ahora la tenga a su disposición.

La votación se hizo en medio de un escándalo en el recinto: después de haber cuestionado al kirchnerismo por forzar el reglamento de la Cámara con una doble presentación de proyectos para agilizar tiempos, el ARI, el radicalismo y el macrismo se retiraron del recinto dejando solos al oficialismo y sus aliados que, después de horas de espera consiguieron reunir el quórum y aprobar no sólo la prórroga de la Emergencia sino también un malón de leyes que pidió el Poder Ejecutivo.

En el medio, además, flotó una extorsión del kirchnerismo al resto de la oposición: como hoy se elegirán las nuevas autoridades del cuerpo le hicieron saber al radicalismo que no apoyarían a su candidata a la vicepresidencia segunda -cargo que corresponde al primer bloque opositor- si no accedía a colaborar con el quórum. (Ver vinculada)

Argumentos

Con ese ambiente el recinto se convirtió en un campo de batalla donde los argumentos para la pelea sobraban. La permanencia de la emergencia pública después de cinco años de la crisis económica y con el país creciendo a tasas cercanas a 9% anual no está justificada solamente en que el nuevo gobierno quiera continuar utilizando esos poderes especiales para renegociar contratos con las empresas de servicios públicos privatizadas sin tener que pedir autorización previa al Congreso. Esa es la primera explicación que se argumenta y de hecho es cierta, pero detrás existe otro peligro: si la declaración de emergencia cae entrarían en vigencia automáticamente los contratos anteriores a la crisis de 2001 con todas las cláusulas de ajustes tarifarios que se contemplaron durante el gobierno de Carlos Menem. Ese es el verdadero riesgo para los Kirchner, ya que arrastraría una ola de reclamos por parte de las empresas de electricidad, gas, transportes y aguas en el interior.

Pero si hace falta recordarlo, esa situación se da porque durante los cuatro años y medio de su gobierno, Kirchner nunca llevó adelante una renegociación definitiva de los contratos de concesión con empresas privatizadas. Es decir que a cinco años de haber votado la declaración de emergencia pública por primera vez, sólo se realizaron negociaciones transitorias en materia de ajustes tarifarios -como la habilitación de subas en electricidad y gas para usuarios industriales y otras para domiciliarios que aún no entraron en vigencia-, pero ningún acuerdo definitivo. Por eso Cristina de Kirchner tendrá por delante un largo tiempo para utilizar los poderes de la Ley de Emergencia y no sólo unos pocos meses, como se justificó la semana pasada en el gobierno. En esa materia, Kirchner le deja a su esposa todo el trabajo para hacer.

La sesión de ayer comenzó con un debate entre el kirchnerismo y la oposición por la inclusión en el listado de temas a votar de la reforma a la Ley de Ministerios y de la emergencia pública que el kirchnerismo había conseguido en la sesión anterior, cuando hizo votar el plan de labor para la reunión de ayer. Desde el ARI se criticó la aparición de la Ley de Ministerios en el orden del día, cuando en ese momento el proyecto ni siquiera había ingresado al Congreso. El radicalismo centró sus ataques en la emergencia.

Respuesta

«Si ustedes creen que están mal incorporados tienen que reconsiderar la votación», fue la respuesta del santafesino Agustín Rossi, jefe del bloque kirchnerista, sabiendo que para eso debían conseguir los dos tercios de los votos, un número imposible de reunir para la oposición.

«Tenemos una postura de fondo con respecto a esta prórroga, pero también tenemos una posición contraria a cómo se ingresan los temas en la Cámara. Está claro que no hay correspondencia lógica ni temporal entre el tratamiento en la Comisión de Labor Parlamentaria y en el recinto», dijo el radical rionegrino Fernando Chironi.

El radical explicó lo que consideró una maniobra del gobierno para garantizarse la votación de la emergencia: «En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria de la semana pasada se pidió preferencia para el proyecto de prórroga de la emergencia económica con origen en el Poder Ejecutivo y que había ingresado en el Senado. Ese es el proyecto al cual la Comisión de Labor Parlamentaria le dio preferencia». Esa relación de hechos es cierta, pero también lo es que ni el radicalismo ni el ARI se dieron cuenta el miércoles pasado de esa estrategia con la que el kirchnerismo consiguió engañarlos.

Eduardo Macaluse, por el ARI, lo siguió: «La prometida etapa institucional de Cristina Fernández de Kirchner comenzó con una ley ingresada por la ventana».

Y también rechazó que no sea el Congreso quien controle la relación entre el gobierno y las empresas de servicios públicos: «¿Cuál es el motivo por el que con 9% de promedio anual de crecimiento hace falta una ley de emergencia económica? La respuesta es clara: para manejar discrecionalmente la renegociación de los contratos con los servicios públicos», afirmó.

Después de esas protestas toda la oposición se retiró del recinto. El kirchnerismo quedó solo con sus aliados y algunas novedades, ya que hasta hizo jurar a tres nuevos diputados para conseguir finalmente aprobarlo por 128 votos contra 3 negativos.