La ruptura de ayer del diálogo entre el campo y el gobierno terminó de complicar el frágil equilibrio que se vivía dentro del kirchnerismo del Congreso en relación a ese conflicto.
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En la sesión de ayer, el oficialismo prefirió desviar la atención hacia un paquete de proyectos para acelerar los juicios por violaciones de derechos humanos que incluyen hasta recompensas para delatores en esas causas, la creación de una Cámara Nacional de Casación, y agilizar la etapa oral de los procesos. Una vez mas se apeló a la historia de los 70 para cubrir una crisis que divide al bloque oficialista.
En la sesión también se aprobó el régimen de control de la actividad de guardias de seguridad privados -patovicas- y la prohibición de venta de medicamentos en quioscos. Las complicaciones que debió sufrir el kirchnerismo fueron tantas que, en medio del recrudecimiento de las peleas con el agro, no hubo espacio siquiera para debatir dos proyectos de resolución que el oficialismo pensaba votar anoche. Uno de los despachos apoyaba la «actitud dialoguista» del gobierno frente a los cuatro presidentes de la asociaciones del agro. El otro, se metía de llenó en la pelea del kirchnerismo con los medios y en especial el Grupo «Clarín». Allí los hombres de Agustín Rossi habían decidido declarar su repudio por la agresión que supuestamente sufrió un grupo de militantes de la Juventud Peronista por parte de una camioneta que indentificaron como propiedad del monopolio «Clarín», mientras empapelaban la Ciudad con los famosos afiches de La Cámpora, el Movimiento Evita y la JP en contra del canal TN.
Ninguno de los dos temas finalmente tuvo aprobación. Los propios kirchneristas reconocieron luego que sólo se animaron a pedir en el recinto una preferencia con despacho de comisión para discutirlo en sesiones futuras. Es decir, los mismos oficialistas mandaron a comisión esas resoluciones de apoyo al gobierno. Temían desatar en el recinto una guerra, con la crisis del campo en el medio, que no podrían controlar ni dentro de su propio bloque donde las voces en contra de las políticas de la Casa Rosada cada día se escuchan más.
Pero, aunque evadieron su propio debate sobre el tema agro, los kirchneristas tuvieron que soportar los cuestionamientos de la oposición por la forma en que el gobierno manejó el conflicto.
La oposición reclamó, por ejemplo, que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, explique en Diputados «por qué se rompió el diálogo» con los productores agropecuarios.
El jefe del bloque radical, el cordobés Oscar Aguad, junto al macrista Federico Pinedo y el líder de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, exigieron una citación urgente a Alberto F., lo que obviamente el oficialismo no convalidó.
Críticas
«La realidad no se resuelve con un látigo», dijo Aguad en la sesión, «no es posible que se vuelva a los cortes de ruta, a la anarquía en la Argentina. Si este gobierno fracasa, va a fracasar toda la dirigencia argentina. Aspiramos a que nos expliquen por qué el diálogo se ha roto. No es posible que el Congreso de la Nación sea un mero espectador de lo que sucede».
Las críticas esta vez cayeron directamente sobre Cristina de Kirchner y su incapacidad de acordar con algunos sectores: «Hay que conciliar, porque acá se frustró un acuerdo con la locomotora del país, que es el campo argentino».
Pinedo, también cuestionó la metodología del diálogo: «Nadie sabe qué hizo el gobierno en el diálogo con el campo. Nadie sabe lo que hizo el gobierno, por eso que no nos expliquen es una burla a la institución del Congresonacional», pedido al que se sumó también Pérez. Poco después, el kirchnerismo decidió tapar todo ese debate con la aprobación de cinco proyectos del Poder Ejecutivo destinados a «romper cualquier cerco de impunidad», según explicó Graciela Camaño que como jefa de la Comisión de Asuntos Constitucionalesdebió dictaminar sobre la cuestión.
Uno de esos proyectos, que votó anoche Diputados, crea un fondo de recompensas, destinado a quienes aporten datos sobre los represores que se encuentren prófugos de la Justicia. Para eso estarán disponibles $ 5 millones que se asignarán en la ley de Presupuesto.
También se pondrá en marcha una unidad especial para la búsqueda de personas, que funcionará en el Ministerio de Justicia para coordinar los datos aportados por los testigos, a quienes se les preservará la identidad.
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