Montevideo, (EFE).- El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, negó que alguna persona en Argentina haya sido afectada por un derrame de sulfato de sodio ocurrido esta semana en la planta de celulosa que genera una controversia entre ambos países, en declaraciones recogidas ayer por la prensa local.
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Vázquez indicó, además, que se debe trabajar "con seriedad" en el tema de la construcción de la planta.
El mandatario, que habló con periodistas uruguayos que lo acompañaron en su visita oficial a Ecuador, que concluyó el viernes, señaló que es "imposible" por las distancias que ese "escape menor" de sulfato pudiera afectar a personas en la fronteriza ciudad argentina de Gualeguaychú.
Tres mujeres residentes en Gualeguaychú denunciaron ante la Justicia de su país que sufrieron trastornos físicos tras el derrame de sulfato de sodio ocurrido el pasado día 14 en la planta de celulosa que la empresa finlandesa Botnia construye en la cercana ciudad uruguaya de Fray Bentos.
La planta está ubica a orillas del río Uruguay, límite natural entre ambos países, frente a las costas de la provincia argentina de Entre Ríos.
La obra, que es rechazada por autoridades argentinas y grupos de vecinos de Entre Ríos con el argumento de que causará daños al medio ambiente, lo que es rechazado por las autoridades uruguayas y de la empresa, genera el peor enfrentamiento en décadas entre los gobiernos de ambos países.
"Al gobierno uruguayo le preocupa tanto o más de lo que le puede preocupar el gobierno argentino la salud de su población", afirmó Vázquez, médico oncólogo de profesión.
"Estamos trabajando con seriedad y así seguiremos haciéndolo", agregó el jefe de Estado uruguayo en las declaraciones difundidas ayer por la prensa en Montevideo.
Vázquez ratificó la postura de su gobierno de que "si Botnia o cualquier otra empresa no cumplen con la reglamentación nacional a la que están obligadas, y que es tan estricta como la reglamentación internacional, serán cerradas por una semana, quince días o el tiempo que sea necesario".
En los últimos días las cancillerías de Uruguay y Argentina intercambiaron duras notas de reclamo.
El gobierno uruguayo acusó al argentino de pasividad frente a versiones de "actos de invasión, sabotaje y terrorismo" contra las instalaciones de Botnia por parte de integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
Las autoridades argentinas rechazaron con "indignación" la nota que, según dicen, "sugiere incluso cierta connivencia con los mismos".
Buenos Aires denunció meses atrás a Montevideo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, por un presunto desconocimiento del tratado de administración compartida del río Uruguay por haber autorizado la construcción de la planta de Botnia. La administración de Vázquez respondió con otra denuncia ante la CIJ por el corte de los puentes entre ambos países que realizan vecinos de Entre Ríos como forma de protestar por la construcción de la planta de celulosa.
España interpone sus buenos oficios entre Argentina y Uruguay para tratar de solucionar la controversia.
La obra de Botnia supone la mayor inversión de la historia del Uruguay, con 1.200 millones de dólares, y según estimaciones de la empresa comenzará a producir celulosa el próximo mes.
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