También el Senado anuló las leyes del perdón

El Senado se encaminaba anoche a aprobar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Un desatino jurídico que, sin embargo, es bienvenido por las Fuerzas Armadas. Precisamente por su insensatez, será inaplicable para cualquier juez que examine algún caso: las leyes no se anulan; a los sumo, un magistrado puede declararlas inconstitucionales. El beneplácito militar se debe a que con esta salida el gobierno consiguió evitar las bochornosas citaciones del juez Baltasar Garzón y, por lo tanto, las extradiciones de uniformados a España. Tanto el oficialismo, que dio sus votos, como el radicalismo, que facilitó el «quórum», despejaron el tránsito de esta ley por la Cámara alta. Además, el Senado aprobó con dos tercios la ratificación de la convención sobre la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad. Los senadores quedaron así alineados con Kirchner en leyes que conseguían, aun por el absurdo, como en el caso de la primera, apoyo casi unánime. Queda para otras iniciativas (postulación de Zaffaroni para la Corte, condena a Moliné en el juicio político que se le sigue) evaluar el grado de solidaridad del Senado con la Rosada en medio de la crisis entre Kirchner y Scioli, que preside ese cuerpo.

El Senado decidió ayer, finalmente, sancionar todo el paquete de leyes conocido como «del perdón», que incluye la ratificación con los dos tercios de los votos del cuerpo de la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, la declaración de nulidad de la obediencia debida y punto final y la ley que incorpora al derecho argentino las normas establecidas en el tratado. Al cierre de esta edición, los senadores habían aprobado incorporar la convención a la Constitución nacional -primera vez en la historia que se realiza una enmienda a la Carta Magna a través de sólo una ley del Congreso- y continuaban el debate sobre la declaración de nulidad.

Los senadores del PJ tomaron la decisión de aprobar todos los proyectos después de una reunión de bloque donde pesaron tres argumentos fuertes. Miguel Pichetto venía insistiendo desde el día anterior con la necesidad de aprobar los tres proyectos que ya sancionó Diputados. En su doble rol de presidente de la bancada PJ y máximo comunicador de los pedidos del Ejecutivo, Pichetto había pedido bajar la presión del debate que los mismos peronistas habían acordado hace una semana para decidir si debían o no declarar la nulidad de las dos leyes.

Ayer volvió al bloque con el mismo argumento. A eso se sumó el poco entusiasmo de los senadores en oponerse a las pretensiones del gobierno: «¿Alguien está dispuesto a dar la cara para defender que la nulidad es una barbaridad jurídica?», se preguntó en el medio de la reunión de la bancada.

• En contra

Sólo la salteña Sonia Escudero ensayó una explicación en contra de la votación de nulidad, sosteniendo la imposibilidad del Congreso de tomar una medida así y defendiendo la potestad del Poder Judicial como único habilitado para hacerlo.

Pero no tuvo demasiado eco. Primó otro razonamiento más práctico: «El Presidente pidió estas leyes. Y además ya acordamos que mientras las encuestas apoyen la nulidad, nosotros no vamos a oponernos. Si el pueblo lo quiere, aunque sea cuestionable, vamos a declararlas nulas», dijo un vocero del sector más oficialista. Detrás de tanta democracia, aunque quizá teñida de inconsciencia, se escondía otro elemento que últimamente resulta arrollador para los senadores: ninguno estaba dispuesto a enfrentar a los medios llamados progresistas en sus ediciones de hoy explicando por qué no habían declarado la nulidad de las dos normas sancionadas en el gobierno de Raúl Alfonsín. El pánico a la prensa sobra desde hace meses en los pasillos del nuevo Senado.

Mientras tanto, otro argumento surgía en medio de la pelea Kirchner-Scioli y, si bien no se mencionó en medio de la reunión, sí corrió por los pasillos: «No podemos quedar pegados, además, negándonos a votar la nulidad y apareciendo como sublevados al Presidente detrás de Scioli».

Un rato antes, los senadores habían tomado noticia, además, de que Eduardo Duhalde se había comunicado con sus dos senadores, Mabel Müller y Antonio Cafiero, para pedirles que votaran junto al gobierno: «No podemos aparecer con el bloque partido», les dijo.

Finalmente, los senadores bajaron al recinto y comenzaron la sesión tomándole juramento a la nueva senadora por Córdoba, la peronista Norma Bermejo, que asume en lugar de la renunciante Beatriz Halac. Luego aprobaron la incorporación a la Constitución de la convención sobre crímenes de guerra con un breve debate del que sólo participaron tres senadores y superando por cinco los 48 votos necesarios para la sanción.

Cuando comenzó el debate sobre Obediencia Debida y Punto Final, dos voces se levantaron en contra de la declaración de nulidad. El radical mendocino Raúl Baglini, que ya se había opuesto incluso a la incorporación de la convención a la Constitución alegando que «las leyes no pueden ser aplicadas con retroactividad», sostuvo que la «nulidad es una barbaridad jurídica, porque sólo es potestad del Poder Judicial. El peronismo sigue demostrando que actúa como un péndulo: hace de todo, las votan con el culo, después los indultan en dos tandas, derogan y ahora quiere la nulidad. Es lo mismo que pasa con los servicios públicos: primero privatizó y ahora quiere revisar los contratos que el mismo peronismo firmó».