El Senado debió haberlo hecho antes, pero como estaba de vacaciones recién ayer autorizó a Cristina Fernández de Kirchner a cumplir una comisión para el Poder Ejecutivo como fue firmar en París la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas en nombre del Estado argentino.
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Esa votación no cubre, de todas formas, la exigencia del artículo 72 de la Constitución nacional que prohíbe a los legisladores cumplir funciones en nombre del gobierno, si antes el recinto no los autoriza.
El problema es que la Constitución exige que esa autorización sea previa a que un senador o diputado ejerza funciones para el Ejecutivo: «Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala», dice el texto. Lo contrario implica que la acción no es válida.
Sabiendo el peligro de ese impedimento, Cristina le envió a Daniel Scioli una nota el pasado 24 de enero, antes de su viaje a París, pero no contó con el aval que exige la Constitución por estar la Cámara en receso.
Aprobación
Ayer, creyendo subsanar una omisión -aunque ya es tarde para eso-, el kirchnerista Miguel Pichetto sostuvo en el recinto que la presentación de Cristina Fernández «cumple con todos los requisitos necesarios» para que sea avalada. Rápidamente se aprobó, entonces, la autorización para que Cristina representara al país en Francia.
Los cuestionamientos a la falta de oportunidad para aprobar ahora ese permiso deberían haber partido de la oposición. Pero nada de eso sucedió: el bloque radical y el socialista Rubén Giustiniani eligieron la abstención como única forma de protesta por no haber sido consultados a tiempo.
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