Carlos Tomada defendió el nombramiento por decreto de los magistrados ligados al sindicalismo. Carlos de la Vega aseguró que esas designaciones afectan las inversiones.
La semana pasada el industrial Héctor Méndez prometió una declaración de alto impacto político que iba a "levantar polvareda". Así fue. El comunicado difundido este miércoles por el denominado Grupo de los Seis (G-6) con duros cuestionamientos al oficialismo por el nombramiento de jueces moyanistas en el fuero laboral caló hondo en el Gobierno y ya provocó una respuesta.
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El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, consideró que las críticas que los representantes empresarios del agro, el comercio, la Bolsa, los bancos, la construcción y la industria formularon por el ascenso de jueces ligados a la CGT de Hugo Moyano "no tienen fundamento y son poco respetuosas".
Según el funcionario, "no tiene entidad el reclamo de los empresarios sobre los jueces. Lo repiten para intentar convertirlo en un lugar común, pero no tienen fundamentos. Hablan de uno o dos jueces cuando se acaban de nombrar a doce".
El documento que el G-6 desparramó a la prensa mientras la cúpula de la central obrera debatía en Azopardo estrategias para encarar las paritarias y un aumento del mínimo no imponible de Ganancias, centra su ataque en al menos dos magistrados recientemente ascendido por decreto en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, luego del visto bueno del Senado. Graciela Lucía Craig, la esposa del diputado Héctor Recalde, principal asesor de la CGT, es uno.
"Cuando los empleadores designaban a todos los jueces del fuero laboral nadie decía nada. Me parece poco respetuoso este cuestionamiento para los jueces designados, que tienen una carrera brillante en esa materia", se quejó Tomada en declaraciones radiales.
Casi al mismo tiempo, pero por otra emisora radial, Carlos de la Vega, presidente de la Cámara de Comercio Argentina (CAC) y firmante del comunicado defendió la postura patronal. "Hemos dicho expresamente que no se trata de cuestionar la formación académica ni carrera judicial, posiblemente intachable, de los magistrados designados y que serán promovidos. Una de las bases de la equidad es la igualdad ante la ley de quienes deben juzgar, y me parece que en este caso no hay independencia de los jueces: están claramente ligados a sectores sindicales, que han sido los que los han promovidos a esos cargos", afirmó De la Vega.
Para Tomada, esa explicación "es una falta de consideración sostenida en los prejuicios".
Para De la Vega, esta desginación no sólo menoscaba la independencia judicial, también estorba el arribo de inversiones al país. "¿Afecta a las inversiones?", le preguntó un periodista de Radio 10. "Por su puesto que si", respondió el titular de la CAC, y agregó: "(Afectan) cuando se teme las resoluciones de algunos jueces, de que no sean absolutamente objetivas e imparciales (...) Las manifestaciones de violencia sindical antiempresas, tanto nacionales como extranjeras, hace a veces repensar cuáles son las condiciones que ofrece el país para las inversiones. Para que el país continúe creciendo necesitamos un horizonte de tranquilidad y de transparencia en las relaciones laborarles y la Justicia".
Méndez, otro de los firmantes del comunicado, tenía razón. La polvareda recién levanta.
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