La oposición decidió ayer desembarcar en el escándalo por las denuncias de pagos de sobornos por parte de la empresa Siemens para garantizarse el contrato de confección de los DNI en 1998. Así a una protesta por demoras en la investigación que presentarán ante el Consejo de la Magistratura, sumarán una exigencia al Poder Ejecutivo para que informe el perjuicio económico que el contrato provocó al país.
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Pero además, los radicales tienen otras exigencias sobre concesiones que Siemens obtuvo en el país en los últimos años, algunas de las cuales fueron negociadas con Uriel Sharef, el ex vicepresidente de la corporación alemana encargado de los acuerdos con América del Sur que también está siendo investigado en Munich.
Por eso presentarán un pedido de informes sobre las condiciones en que el gobierno de Néstor Kirchner autorizó la compra, a la alemana, de las turbinas de generación para equipar las centrales de ciclo combinado de Timbúes, de 800 megavatios de potencia, en Santa Fe y la Central Térmica Manuel Belgrano, de 823,65 megavatios en Campana.
A ese pedido se sumará una protesta por la demora en la investigación de la supuestaexistencia de sobrepreciosen las licitaciones de los DNI y el control fronterizo en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem. Como en la pesquisa que se sigue en Munich, quieren que el juez Ariel Lijo investigue también si existieron sobornos entre los años 2002 y 2003. Los fiscales alemanes analizan si en esa época, como denunció una consultora suiza, se pagaron otros u$s 10 millones para intentar salvar el contrato de los DNI que dos años antes Fernando de la Rúa había cancelado por decreto.
Duda
Con relación a la construcción de las dos centrales, los senadores radicales, liderados por el jujeño Gerardo Morales, quieren saber si, como se denunció en noviembre de 2006 existió efectivamente un incremento de precio de u$s 500 millones con relación a la licitación original que ganó Siemens.
Argumentan que el anuncio inicio del costo de ambas obras fue de u$s 1.100 millones pero luego se le incorporaron otros u$s 50 millones anuales en concepto de mantenimiento durante un plazo de 10 años con la condición que las dos centrales funcionaran a plena generación en el menor plazo posible.
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