Una fuerte polémica con el Gobierno generó la detención por delitos de lesa humanidad del padre de la jueza María José Sarmiento, quien falló en contra del uso de reservas del Banco Central, aunque finalmente la orden quedó sin efecto debido al grave estado de salud del militar.
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Luis Alberto Sarmiento, un militar retirado de 85 años, había sido detenido por orden de la Justicia de Misiones con intenciones de indagarlo a raíz de su participación en presuntos delitos cometidos en esa provincia.
Sarmiento fue jefe de Inteligencia y ministro de gobierno en Misiones durante la última dictadura y el procesamiento en su contra ya tiene cuatro años, aunque recién el viernes había sido llamado a declaración indagatoria.
El ex coronel había quedado detenido por la mañana en su domicilio de Barrio Norte luego de que peritos forenses determinaran que no estaba en condiciones de salud como para ser trasladado a Misiones, aunque finalmente la Justicia dejó sin efecto la orden de captura y la citación a indagatoria dado su avanzado estado de deterioro físico y mental.
Según precisó la jueza Sarmiento, la orden de detención del militar -que pasó a retiro en diciembre de 1974- fue ordenada por el juez federal de Misiones Ramón Chávez, por lo que personal de Gendarmería se presentó por la mañana en su domicilio, ubicado en la avenida Santa Fe al 3300, para informarle de la detención.
"Los gendarmes dijeron que si no les abrían iban a tirar la puerta", afirmó la jueza Sarmiento al dar a conocer el arresto domiciliario, tras subrayar que su padre está "en silla de ruedas" y sufre "Mal de Parkinson".
Pero, además, Sarmiento no dudó en asegurar que el episodio estaba "evidentemente relacionado" con el enfrentamiento que mantuvo con el Gobierno por los fallos que congelaron el uso de reservas para la creación del original Fondo del Bicentenario y el desplazamiento de Martín Redrado de la entidad monetaria.
"Es muy llamativo, no voy a ser tan hipócrita de decir que no. Evidentemente está relacionado. Esto es una presión, pero no voy a ceder", sostuvo Sarmiento, antes de conocer la orden judicial que desestimó la detención, basada en un informe del Cuerpo Médico Forense.
Aseguró también que su padre -pese a lo que dice su colega de Misiones y el Gobierno- "nunca tuvo una causa o una denuncia" en su contra por su desempeño durante la dictadura de Onganía-Lanusse ni la de Videla-Viola-Galtieri-Bignone.
"Nunca supimos que existiera una causa o una denuncia, y ahora nos enteramos con esta orden de allanamiento y detención. Me parece muy raro esto", señaló Sarmiento en declaraciones a varios canales de televisión.
Y agregó: "Desde que saqué la resolución siento una respuesta del Gobierno totalmente desmedida y inesperada. Eso no va impedir que siga trabajando, pero no es lo mismo. A veces siento miedo".
La primera respuesta del Gobierno fue inmediata y llegó de parte del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien rechazó de plano que el Gobierno tenga relación con la detención y definió como "un espanto" las acusaciones de la magistrada.
"Es un bochorno que un juez esté haciendo creer que esto es un revanchismo del Gobierno ¿Qué tiene que ver el poder político y el gobierno? Es un juez de Misiones quien ordenó la detención. ¿Qué tengo que ver yo? Es absolutamente antidemocrático el planteo de la jueza", enfatizó Fernández.
Por la tarde, fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, quien refutó el argumento de la magistrada y señaló que la jueza "no puede ignorar que su padre estaba imputado en delitos de lesa humanidad" y que pesan contra él una treintena de causas.
"El 11 de julio de 2009, la Secretaría de DDHH se presentó como querellante. Eso no resiste ningún tipo de consideración como las que efectuara hoy la jueza Sarmiento, es exactamente al revés. Es bochornoso querer tergiversar. (Ella) debería haberse excusado (en la causa por las reservas) porque su padre estaba siendo querellado por el Gobierno", planteó Duhalde.
Sarmiento había sido duramente criticada por el Gobierno por avalar, en enero pasado, un pedido de la oposición para fallar en contra del decreto 2010 que creó el Fondo del Bicentenario, y fue la jueza que también repuso en su cargo al entonces ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, removido por otro decreto presidencial.
Además, la jueza ya había tenido un duro cruce público con el Gobierno, al que acusó por "intimidación", luego de que el Ejecutivo enviara un patrullero a la puerta de su casa para forzarla a recibir un escrito para la apelación del fallo por las reservas.
En ese contexto, la Procuración del Tesoro la había denunciado por delito de fraude procesal, aunque la causa fue cerrada, mientras que en febrero pasado la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia volvió a denunciarla por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, que están siendo investigados por el juez Julián Encolini.
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