Una posible desprolijidad no equivale por sí a corrupción

Claudio Moroni

Escribimos en el diario que el editor tiene derecho a publicar o no una nota de cualquiera de su staff de periodistas. Rechazarla no afecta la libertad de prensa porque ésta no consiste en que cada diario o medio, que es seguido por determinado público, se transforme en un aquelarre de posiciones contrapuestas. La real libertad de expresión es que los ciudadanos tengan libre acceso a medios de ideas diversificadas y cada cual elija con cuál informarse. Por eso son tan perniciosos los monopolios de prensa que tratan de ahogar otras publicaciones. Los periodistas tienen la opción de trabajar en un medio neutro o en el que tenga propuestas más afines con las suyas. O de fundar un medio que cubra algún nicho de mercado con lectores insatisfechos. Personalmente, desde adolescente, trabajé en muchos medios de prensa -inclusive en «Clarín» 7 años, aunque no dirigía el grupo Magnetto y su particular visión de lo ético- y creí, hace 29 años, que sí faltaba otro tipo de diario. El resto de la historia de Ambito Financiero es conocido.

No justifiqué entonces a Julio Nudler en su reacción porque «Página/12» no publicara una nota suya. Expuse sobre otras miserias en prensa pero reconocí que Nudler era un excelente periodista y lo sabía directamente porque trabajó también en Ambito Financiero hace años. Buena pluma, cabeza y aclaré que, más allá de no apoyarlo en su posición de negarle derechos al editor que lo contrató, debía separarse de eso el contenido de su nota, o sea la corrupción que denunciaba sobre el Dr. Claudio Moroni designado presidente de la SIGEN por el gobierno, por iniciativa de su amigo, el ministro y jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La SIGEN es un organismo del Estado de autocontrol administrativo.

Recibí de Moroni una escueta esquela y una gruesa carpeta con fotocopias de su trayectoria e intervenciones públicas. La esquela decía:

«He leído su nota en el Ambito Financiero de hoy (10 de noviembre último). Creo que antes de adherir su opinión a la del Sr. Julio Nudler, debería leer el documento que le adjunto. Estimo que el Sr. Nudler omitió una mínima tarea de recolección de información. En cuanto a mis antecedentes, le sugiero consultar con quien usted elija vinculado a la actividad aseguradora».

Tengo conocidos en el sector de seguros. Designé dos periodistas para que chequearan lo remitido e interrogaran personas sobre el Dr. Moroni, a quien personalmente no conozco y podría haber adherido mal al contenido y acusaciones de la nota de Nudler. Siempre sostengo que en periodismo es vil la crítica sistemática sólo porque sea «vendedora». El que siempre critica y nunca reconoce nada bueno o admite algún error hace o periodismo bastardo, o de canje de « crítica» por beneficio pecuniario o simplemente edita letra impresa sin inteligencia porque criticar es más fácil. Ni hablar que estos tipos de periodismo vayan a proponer una solución a lo que critican.

• Desprolijidad

En el caso del Dr. Moroni debo reconocer que nadie justificó la acusación de corrupción por lo cual podríamos estar frente al argentinismo clásico ante el funcionario que debe actuar y decidir: el que pierde o no es beneficiado se redime atacando, vía el periodismo, con la fácil acusación de corrupción que pega fuerte en la Argentina porque la hubo y hay amplia aunque a veces un atacado sea inocente. Moroni goza mayoritariamente de buen concepto en el ámbito del seguro. Por supuesto hasta donde se puede afirmar algo en la Argentina donde si Ud. quiere un ciudadano argentino totalmente impoluto lo tiene que criar aislado desde bebé. Y en lo posible fuera del país.

Con Moroni lo único que parece criticable es la desprolijidad, algo bastante habitual en el gobierno Kirchner. La SIGEN, es cierto, no es auditoría externa al gobierno sino propia. Un presidente de la Nación, un ministro, un secretario, hasta un jefe de área puede temer quedar pegado a un hecho de corrupción administrativa de algún subalterno o de un superior. Puede denunciar o requerir ayuda de la SIGEN para salvar su responsabilidad.

• Informe

Néstor Kirchner entonces puede querer tener gente de confianza en la SIGEN -de hecho la tiene, hasta la esposa del ministro Julio De Vido- por aquello que con mordacidad decía Juan Perón: Los hombres son buenos pero si se los vigila son mucho mejor.

Está, entonces, ese derecho presidencial sobre la SIGEN que es legal. También que derive designaciones en la SIGEN en sus ministros. Pero está aquello de la mujer del César en cuanto a ser decente y además parecerlo: en un país que se autoconsidera habitualmente promiscuo sin sonrojarse mucho si los que controlan a los de abajo son muy íntimos de los de arriba se alientan sospechas sobre que la corrupción vigilada depende, en definitiva, del escalón donde uno esté parado.

Independientemente de esa posible desprolijidad está que a Claudio Moroni, por su pasado como funcionario, a este diario no le corresponde adherir automáticamente a acusaciones cuando, indagado el tema, surgen tantas posiciones claras a su favor.

Veamos el informe de periodistas que se obtuvo:

La actividad del seguro no es como dice Julio Nudler «uno de los sectores más corruptos de la economía». En los '80 sí fue un mercado absolutamente irregular. La corrupción estructural de esa etapa se basaba en dos pilares: 1) Los productores cobraban las primas. Se las pasaban con meses de demora a las empresas y las empresas pagaban con meses de demora los siniestros. Mientras tanto la inflación licuaba las indemnizaciones y productores y aseguradoras se enriquecían invirtiendo a buena tasa esos fondos, a costa de los asegurados. 2) Las empresas daban cobertura a cualquier riesgo. Se lo pasaban al INdeR -reasegurador monopólico y «tonto»- quedándose con una jugosa tajada. Y el INdeR tenía una gigantesca pérdida a la hora de pagar los siniestros lo que lo llevó a la ruina, acumulando al final del ciclo grandes deudas con las aseguradoras que no pudo pagar con su giro normal. Alberto Fernández -junto a Claudio Moroni- y después Moroni como superintendente fueron expresión del desarrollo y normalización del mercado asegurador argentino bajo la presidencia de Carlos Menem. Se suprimieron las primas mínimas -regulación de precios que todos violaban- y se flexibilizó (sin abrirse por completo) el ingreso de nuevos operadores. Naturalmente ello junto a la desaparición del reasegurador «monopólico y tonto» (la liquidación del INdeR fue coherente con esa política pero por decisión del gobierno central. No es atributo de la Superintendencia) determinó un desarrollo y transformación sustancial del mercado. En los '90 se cerraron más de 160 entidades aseguradoras. Pero el seguro, a diferencia de bancos o medicina privada, nunca figuró entre los sectores que más protestas del consumidor recibían. Nunca hubo subsidios -ni redescuentos- para empresas de seguros. Por otra parte hubo nuevos servicios y productos. El seguro creció en términos de PBI y hoy las empresas enfermas son pocas y pequeñas. El actual sistema de riesgos del trabajo -que aun con los cuestionamientos que se practican hoy se considera un andamiaje adecuado para la seguridad social- tiene que ver mucho con la dupla Alberto Fernández-Moroni.

• Sin respaldo

El problema del mercado asegurador argentino fue que con cada cierre de empresa quedaron miles de asegurados sin respaldo, muchas veces con el siniestro a cuestas. Al faltar el asegurador el costo del siniestro recae sobre el asegurado. En la década del '90 cayeron empresas «líderes» al estilo del Banco de Intercambio Regional o Los Andes -para dar ejemplos del sistema bancario cuya insolvencia era conocida en la plaza y siguieron operando mucho tiempo de más (ahora sólo quedan en esa situación empresas chicas). Lo más grave son los empresarios que quiebran una empresa y luego a través de testaferros abren otra y después otra, dejando el tendal de siniestros impagos y llevándose la cartera de clientes.

En esos «negocios», la postergación de liquidaciones o la reaparición de empresarios quebrados en otras empresas estriba el principal cuestionamiento a la gestión de las superintendencias que se fueron sucediendo en los últimos lustros (entre ellas las de Alberto Fernández y la de Moroni). Y un ejemplo claro de ambas formas de corrupción fue LUA -del grupo Cirigilianio, un empresario típico del menemismo, al estilo del BGN o los Trozzo para remontarnos a la era de Martínez de Hoz-. El problema es que Moroni entre sus dos gestiones en la Superintendencia fue director de LUA, que era un escándalo desde hace bastante tiempo y lo fue después.

Por otra parte en descargo de la Superintendencia como tal debe observarse: 1) Las empresas logran disimular su situación patrimonial ocultando pasivos. Concretamente ocultan los juicios que les hacen los asegurados y presentan balances adecuados. Cuando se les acaba la caja suelen pedir la liquidación «voluntaria» -o sea que van a pagar con sus activos todas sus deudas-. Luego empiezan a aparecer los juicios ocultos. Aquí debería actuar la Justicia con el apoyo de la Superintendencia. Pero ello no ocurre. La empresa entra en quiebra. Nunca nadie va preso. 2) Los empresarios «quebrados» crean nuevas empresas a través de testaferros. Entonces en el mercado se sabe qué pasa pero no hay argumentos legales para actuar. Sin duda que podría hacerse mucho más si hubiera una voluntad conjunta de la Superintendencia y la Justicia para actuar.

• Acusaciones

¿Las empresas beneficiadas por las dilaciones y las reaperturas dejan «peajes» en el sistema de control, a nivel político o en la Superintendencia? Siempre hay acusaciones contra organismos y legisladores. Casi ninguna con pruebas.

Las acusaciones de haber recibido beneficios por «dejar hacer» no creo que sean fáciles de probar a pesar de que Nudler lo dijo. Todo funcionario tiene que resolver, es obvio, y eso deja siempre lastimados. Es muy común en nuestro país que el que inevitablemente deba perder en planteos, adjudicaciones, licitaciones, etc. caiga -porque el contexto del país se lo facilita- en acusaciones de corrupción de funcionarios, aun sabiendo que no son ciertas.

1) El problema en el seguro de autotransporte de pasajeros que merced a un conjunto de reformas al sistema y normas especiales evitó una crisis profunda. Considero que Moroni lo explicó adecuadamente en la nota que mandó. No se podía mandar a la quiebra a un sistema dejando al autotransporte de pasajeros (a todos los colectiveros) indefensos frente a las demandas de los clientes siniestrados. Sería poner esas empresas virtualmente en quiebra. Tampoco son buenas quiebras masivas que tienen que ver con reglas de juego que favorecieron algún mal desempeño empresario. Las soluciones, aunque discutibles, son a veces mejores que dejar que la crisis se desencadene (por ejemplo, reprogramación de deudas de Cavallo de 1982).

2) En cuanto al INdeR, la verdad es que mayoritariamente el sector considera válido lo que dice Moroni respecto a que fue la verificación de deudas de la Superintendencia la que permitió acotar la demanda excesiva de las empresas. La Superintendencia reclamaba que el INdeR pagara y cerrara su deuda porque esa deuda figuraba en el activo de las compañías y de su validez dependía el grado de solvencia de las entidades. Que el INdeR pagara -todavía no terminó de pagar, dicho sea de paso- permitiría sincerar la realidad patrimonial del sistema y salvar a empresas con problemas de liquidez. Pero no creo que la Superintendencia haya avalado pretensiones excesivas de las entidades aunque, desde ya, las hubo.

En estos dos temas clave de las denuncias de Nudler el descargo que envió al diario Moroni es válido.

En definitiva: es muy difícil que quien estuvo al frente de un organismo de control esté libre de sospechas. Pero es una tarea que hay que cumplir. Por otra parte también hace falta gente que denuncie, aunque más no sea para que el funcionario esté advertido. La libertad de prensa para esos periodistas -aun cuando en este caso Julio Nudler sepa poco de seguros-pareciera funcional a la vigilancia necesaria. Pero no tiene sustento sólido para involucrar ex funcionarios, sobre todo porque es fácil hacerlo en climas propicios.

Por último puedo afirmar que respecto a la reciente gestión de Claudio Moroni de 2002 a 2004 hay consenso -aquí diríamos casi absoluto- en el empresariado de que fue técnicamente adecuada para permitir que el sistema asegurador se acomodara a la crisis financiera y bastante prolijamente. Básicamente, permitió en los seguros de vida y retiro que cada aseguradora hiciera su propia propuesta -dentro de determinado marco- a su clientela. Ello acotó los pedidos de amparos y permitió que las empresas con voluntad de quedarse cumplieran mejor con su clientela.

También logró a tiempo que el «corralito» se flexibilizara para permitir a las compañías pagar los siniestros. No hubo grandes escándalos, ni « corridas», ni necesidad de subsidios o ayuda estatal. Fue una buena gestión.

Prácticamente todo el mercado la apoyó y su continuidad. Moroni tiene la rara virtud de ser un protagonista de los cambios de los '90, que reaparece con Duhalde, pero logró salvar las cosas positivas de esos años en materia de seguros, cosa que no pasó en muchos sectores. Pero me parece que Nudler tiene derecho a pedir que Moroni no sea síndico general de la Nación porque en un organismo que debe controlar no puede haber un amigo íntimo.