El gobierno uruguayo dio dos días de plazo a la Argentina para que se levante el corte de ruta en Gualeguaychú y advirtió que si persiste la protesta denunciará esa situación ante el Tribunal de Controversias del Mercosur y ante la OEA.
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"El gobierno dio un plazo de dos días para que se levanten los cortes, si el lunes no se levantaron se activarán las demandas", explicó el presidente del Frente Amplio, el ministro de Educación y Cultura uruguayo, Jorge Brovetto, en declaraciones a medios de prensa de su país.
El funcionario confirmó además que Uruguay no le solicitó ninguna medida extra a la empresa Botnia, luego de que la compañía finlandesa dispuso detener las obras de su planta de celulosa en Fray Bentos sólo por diez días, cuando los gobiernos de Argentina y Uruguay habían impulsado un cese por tres meses.
A su vez, el presidente del bloque de Senadores del Frente Amplio, Carlos Baráibar, señaló en declaraciones radiales que no es "deseo" de Uruguay denunciar a la Argentina, pero que "las cosas tienen algunos plazos".
Baráibar señaló que los ambientalistas retomaron el corte de ruta a pesar de que, según consideró, la negociación venía "bien encaminada".
El legislador se pronució así a pesar de que el negociador uruguayo, el secretario de la Presidencia, Gonzálo Fernández, se había mostrado abatido en público luego del rechazo de la empresa Botnia al pedido de la administración de Tabaré Vázquez de detener las obras por 90 días.
Baráibar justificó que se recurra al Mercosur, al señalar que "para algo lo tenemos" y que cuenta con "un tribunal de controversias ajustado a derecho" para trasladar esta responsabilidad.
"Por lo menos hubieran esperado a que los diez días transcurrieran", se quejó el legislador, al opinar sobre la actitud de los ambientalistas de Gualeguaychú.
Además, dijo que no se puede comparar "una situación de hecho", como el corte de ruta con "los derechos que la empresa Botnia tiene y todos los compromisos de orden empresarial, financiero y logístico por los cuales está realizando las obras".
También consideró que si continuaban las obras, "en el mejor de los casos" las consecuencias ambientales recién se sentirán dentro de "dos o tres años", con lo que "hay de sobra posibilidades de trabajar durante todo este plazo".
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