La presentación oficial que el gobierno uruguayo hizo a la Corte Internacional de La Haya se basa en los cortes de rutas en los pasos fronterizos con la Argentina, y sólo tangencialmente se menciona el conflicto generado por la radicación de dos plantas de celulosa en Fray Bentos. Esto se desprende de la lectura del texto del «antecedente» que el gobierno de Tabaré Vázquez envió el lunes al tribunal internacional, y con el que se adelantó a la Argentina en cuanto a la elección de ese ámbito de discusión.
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Según el texto que se recibió en La Haya, «desde el 23 de diciembre se vienen produciendo en territorio argentino cortes de ruta que impiden la circulación de vehículos, personas y mercaderías por dos de los pasos fronterizos que conectan a ambos países sobre el río Uruguay». Destaca luego que esos bloqueos «son violatorios» del derecho internacional y de «los acuerdos regionales».
La carta señala después que los cortes de ruta, que ocasionaron a Uruguay «perjuicios» por más de «300 millones de dólares», se mantuvieron hasta fines de marzo, y que luego fueron reanudados «a principios del mes de abril». Se aclara después que «los cierres se producen en el puente que une a la ciudad argentina de Gualeguaychú con Fray Bentos 300 km al noroeste de Montevideo y en Colón-Paysandú», y que Uruguay ha intentado encontrar «soluciones amigables», que «la Argentina rechazó». Añade luego que la Argentina no ha adoptado « medidas apropiadas para poner fin a los cortes y restablecer la libre circulación», con lo cual, el gobierno de Néstor Kirchner estaría «violando el derecho internacional a la libre circulación». La información fue elevada por Uruguay a la Corte Internacional «a efectos de que sirva como antecedente en eventuales procedimientos». El escrito ratifica en ese sentido su «total adherencia y confianza» al tribunal.
En paralelo a esta estrategia, un alto funcionario del gobierno uruguayo, que hasta la semana pasada negociaba en Buenos Aires el fallido encuentro entre Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, le aseguró a este diario que se acelerará la contratación de un estudio de abogados para que represente a ese país contra la Argentina en los tribunales internacionales. Según la fuente, «con transparencia y con fondos importantes, buscaremos a los mejores», en referencia a la búsqueda que comenzará en los próximos días. Según afirman desde Montevideo, la intención del gobierno de Vázquez es hacer participar a la oposición como veedores en el momento de la contratación del «bufete» de abogados, para otorgar transparencia a la contratación; ya que se supone resultará onerosa. La búsqueda será a nivel mundial, y para participar en la selección se necesitará tener antecedentes internacionales en casos similares. La base de la defensa será además la presentación del lunes. Esto es, culpar a la Argentina por los cortes y señalar al conflicto de la circulaciónde personas y bienes como el verdadero problema entre los dos países. Sólo eventualmente, y luego de que avance la presentación argentina, el abogado deberá atender los argumentos sobre la contaminación del río Uruguay.
Estrategia
Mientras tanto, desde la Cancillería argentina no había cambios en la estrategia fijada desde el gobierno de Néstor Kirchner. Los técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores que trabajan en el tema aseguraban ayer que el mes que se evalúa oficialmente para concretar la presentación argentina es mayo, como se esperaba originalmente, y que no se evalúa acelerar el trámite. Además se ratifica que el caso se concentrará en la supuesta violación del Tratado de Límites del Río Uruguay, por el cual el país vecino debería haber consultado a la Argentina antes de aceptar la construcción de plantas potencialmente contaminadoras de la zona.
Sobre los posibles cortes de gas que el gobierno de Néstor Kirchner podría impulsar, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se especulaba ayer que estas medidas podrían comenzar a aplicarse en mayo, cuando comiencen a bajar seriamente las temperaturas y cuando el consumo interno del combustible aumente. En esas circunstancias, la primera decisión que tomaría la Argentina es limitar las ventas a Uruguay de los 324 millones de metros cúbicos diarios a no más de 140 millones; para luego ir descendiendo de esa cifra al ritmo del aumento de la demanda interna.
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