Guido Antonini
Wilson sigue
libre en Miami,
pero los
implicados en
el caso ya
hablan en esa
ciudad. La
jueza que
interviene está
convencida de
que actuaron
por orden de
Venezuela
para cubrir los
fondos para la
campaña
presidencial
argentina.
Esta vez no fue una declaración de los imputados, ni la filtración de una de las grabaciones del FBI. Ahora la propia jueza Joan Lenard firma oficialmente que el Servicio de Inteligencia de Venezuela estuvo involucrado en la conspiración para silenciar en Miami a Guido Antonini Wilson y que los fondos que el valijero intentó ingresar en Buenos Aires estaban destinados a la campaña presidencial.
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Sin dudas, el gobierno de Venezuela se complica cada día más por este caso, aunque reste aún el inicio del juicio y la apertura de todas las grabaciones y documentos que recolectó el FBI durante la investigación.
Un viceministro de Justicia y el jefe de Inteligencia de Venezuela ya fueron puestos en el centro de la escena por la jueza Lenard, en sus argumentos para denegar una solicitud para revisar la detención de Franklin Durán.
En el dictamen de la jueza se argumenta que ambos funcionarios supuestamente mantuvieron «numerosos contactos» con el presunto agente encubierto Durán.
El viceministro de Justicia, de quien no se dio el nombre, fue mencionado en un dictamen del martes de la jueza Joan Lenard, denegando a Durán la solicitud de revocar su detención por considerar que «representa una amenaza a la seguridad de la comunidad». En otras palabras, cree que podría fugarse.
En el fallo de la jueza se explicaque entre las grabaciones que el fiscal federal Thomas Mulvihill presentó como prueba (que aún no se escucharon públicamente) aparece una en la que Durán explica «que en numerosas ocasiones ha estado en contacto con el jefe de la Disip, el servicio de Inteligencia de Venezuela, y con el viceministro de Justicia, respecto de los u$s 800.000».
Durán está acusado junto a los venezolanos Carlos Kauffmann -que la semana pasada se declaró culpable a cambio de una pena menor-, Moisés Maiónica -el primer arrepentido en la causa-, Antonio José Canchica Gómez -enlace con la Secretaría de Inteligencia de Venezuela y hoy prófugo de la Justicia estadounidense-y el uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello de ser agentes encubiertos del gobierno de Hugo Chávez.
Esos cargos fueron presentados después que el FBI, con ayuda de Antonini Wilson, consiguiera grabaciones y documentos que probarían que los acusados supuestamente presionaron al valijero para que ocultara el origen y destino del dinero que le confiscó la Policía de Seguridad Aeronáutica y la Aduana en Aeroparque.
La decisión de la jueza Lenard en relación con la libertad de Durán es una de las más fuertes que se ha escuchado hasta ahora en este caso. Allí indica, además, que los fiscales han ofrecido pruebas de que Durán y los otros cuatro acusados, «actuando a nombre» del gobierno de Venezuela, se reunieron con Antonini Wilson en varias ocasiones y le suministraron tres documentos.
Esos documentos, de acuerdo a Mulvihill, iban a ser utilizados para respaldar la «conspiración para esconderle al sistema judicial argentino y a otros» el origen, el destino del dinero y el papel del «gobierno de Venezuela en el intento de enviar aproximadamente 800.000 dólares a la campaña de un candidato a la elección presidencial de la Argentina».
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