Alsogaray dijo que no hay elementos para inculparla

La ex funcionaria María Julia Alsogaray consideró ayer que "no hay elementos concretos" para que la inculpen como jefa de una asociación ilícita en la causa que investiga el supuesto pago de sobreprecios a empresas para reformas en la Secretaría de Recursos Humanos durante su gestión.

La ex funcionaria indicó que "no hay ningún elemento concreto en la causa para hacer ese requerimiento", al ser consultada por medios periodísticos en los Tribunales Federales de Comodoro Py, donde se entrevistó con la defensora oficial Perla Matínez de Buck.

Alsogaray manifestó que "hay elementos falsos y volátiles que son pura palabrería, que se ven en la primera denuncia que hizo la Oficina Anticorrpución (OA) sobre presuntos sobreprecios del 400 por ciento en tapas de inodoros, todas acusaciones disparatadas".

Sin embargo, indicó que está "básicamente tranquila porque además he desarrollado cierta habilidad para mantener la cabeza fría durante los 10 años de enfrentarme públicamente con todo tipo de ataques respecto a mi gestión".

Alsogaray declaró durante varias jornadas en la causa, a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que investiga su presunta responsabilidad como miembro de una asociación ilícita que habría cometido fraude en perjuicio del Estado Nacional.

En la misma intervienen, además, el secretario Sergio Echegaray y el fiscal federal Miguel Angel Osorio, quien piensa que el sumario tiene suficientes pruebas contra Alsogaray.

La causa se inició por denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) y cobró impulso cuando Osorio pidió la indagatoria de la ex funcionaria por hechos que encuadran en la figura penal de jefe u organizador de asociación ilícita, un delito cuya escala penal no
admite la excarcelación.

Alsogaray y un grupo de ex colaboradores están acusados de haber cometido varios ilícitos, entre ellos la adjudicación directa para la construcción de oficinas del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PRODIA) a "empresas amigas" y el pago de supuestos "sobreprecios".

Según la OA "los asuntos públicos fueron manejados entre un grupo de conocidos" y que algunas obras se encargaban a contratistas "amigos en aras de alcanzar ganancias personales".