Felipe Solá y Aníbal Ibarra vuelven a enfrentarse en un nuevo capítulo por el conflictivo tratamiento y alojamiento de la basura porteña y bonaerense. Esta vez el gobernador de la provincia de Buenos Aires reclamó la disolución de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Bonaerense Sociedad del Estado (CEAMSE) y ordenó a los miembros de su gabinete que diseñen otra figura jurídica.
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«La figura actual del CEAMSE surge de la dictadura militar y nos tiene como socios de igual a igual con el gobierno porteño», se quejó Solá.
La entidad fue creada hacia 1977 por el gobierno de Jorge Rafael Videla como una sociedad anónima y desde entonces dispone y trata 475.000 toneladas mensuales de basura de 31 municipios del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires.
El malestar de Solá no es nuevo. El año pasado, una mora del Gobierno porteño cercana a los $ 10 millones (suma hoy duplicada) amenazó con dejar sin basurero a la Capital Federal. Ahora vuelve a generarse otro conflicto con la decisión del gobierno bonaerense de cambiar el destino de los residuos de la Ciudad de Buenos Aires: desde el 11 de mayo esas 5.000 toneladas de basura no irán más al predio de Villa Dominico, en Avellaneda, sino que se enterrarán en una zona del camino del Buen Ayre (perteneciente al CEAMSE), al norte del conurbano. Villa Dominico ya se consideraba agotado.
En tanto que el resto de los desechos domiciliarios, generados por ocho municipios del sur del conurbano, será depositado temporariamente en Quilmes.
La decisión de Solá generó, además, un conflicto entre la empresa contratista Syusa (del grupo Techint), encargada de contratar empleados para realizar esas tareas, y el gremio de la construcción de Avellaneda. En rigor, el contrato entre Syusa y el CEAMSE finaliza este mes, situación que ya desató una fuerte protesta del gremio, que ayer bloqueó todos los accesos al predio de Villa Dominico, impidiendo que se volcaran allí los desperdicios.
•Riesgo sanitario
El CEAMSE, por su parte, se quejó porque « estas actitudes implican un riesgo para la salud de la población y para el medio ambiente del área metropolitana» y anunció que contratará « a 80% del personal dejado cesante por Syusa».
Lo siguiente que intentará Solá será instruir a su gabinete para que diseñe un proyecto de ley provincial (ya están trabajando el ministro de Gobierno, Federico Scarabino; el vice, Eduardo «Lalo» Di Ro cco, y Eduardo Bustos, referente de Solá en el CEAMSE), que implicaría una denuncia al convenio original. Argumentan que la provincia no puede cargar con el activo ambiental que implica el depósito de los residuos de Capital Federal.
«La Ciudad de Buenos Aires -arengó Solá- es deudora, porque tiene un activo ambiental y está segura de que, mientras siga esta figura, su basura será depositada en algún lugar del conurbano sin que tenga que pagar de más.»
«Así como está el CEAMSE no queremos que continúe, porque no hay resarcimiento para los municipios en los que se deposita la basura», agregó.
Este último concepto, precisamente, será incluido también en el proyecto legislativo, intentando diseñar una nueva política de cobro, que actualmente la provincia descuenta de la coparticipación a 19 municipios, y fijaron la posición que plantearán en una mesa de diálogo con el gobierno de Ibarra. « Queremos llegar a un acuerdo para que se hagan cargo de sus residuos», adelantó, y explicó que, si bien la basura será depositada en la provincia, « la Ciudad deberá estar sujeta a nuestra legislación y pagar lo que esa ley determine».
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