Crisis de Mosconi: "Razones políticas"

El noroeste de Salta, mi provincia, es una zona rica y plena de posibilidades de crecimiento económico y de desarrollo humano. Empero, muchos de sus habitantes carecen de empleo, viven en la pobreza o no encuentran, sobre todo los jóvenes, un horizonte de futuro dentro del cual construir sus vidas. Para colmo de males, de un tiempo a esta parte vienen reiterándose prácticas violentas que se montan sobre reivindicaciones generalmente legítimas.

En este escenario, algunos comentaristas han optado por presentar a la privatización de YPF como la causa, única y excluyente, de los recientes sucesos de General Mosconi.

Sin embargo, esta interpretación ignora que, en términos globales, la década del '90 fue una etapa de crecimiento en la cual aumentaron la producción forestal, la superficie sembrada y la producción agrícola; se multiplicaron la producción de petróleo y de gas, y las correspondientes regalías; aumentó la producción industrial (petroquímica y azúcar); y creció el número de ocupados en el sector formal de la economía, aun cuando es igualmente cierto que aumentó el desempleo.

Respecto del mercado de trabajo local, sobresalen dos circunstancias. De un lado, muchos trabajadores no están suficientemente preparados para ocupar los nuevos puestos de trabajo que genera la actividad petrolera. De otro, la evolución demográfica desborda cualquier buen comportamiento de la economía.

En realidad, y más allá de estos indicadores, Mosconi y el Departamento General San Martín atraviesan una situación extremadamente compleja y difícil.

En primer lugar, las instituciones políticas del norte salteño resultan insuficientes para gobernar un inmenso territorio de dimensiones similares a las de Bélgica. Dicho en otros términos, una decena de municipalidades estructuralmente débiles y casi subordinadas al poder central provincial no alcanza para definir políticas regionales, para encarar obras de infraestructura, ni para coordinar los servicios públicos esenciales.

Conviene recordar, además, que los ciudadanos de los departamentos del norte de Salta tienen un papel determinante dentro del mapa electoral provincial, ya que -en la práctica-de su voto depende el resultado final de las elecciones a gobernador y a legisladores nacionales. Es esta la razón por la cual los políticos salteños, con contadas excepciones, persisten en el error de procurar buenos resultados electorales, apelando a dos elementos igualmente perniciosos:

El uso clientelar de la ayuda social, que es asignada en función de lealtades partidistas; y

Un sistema electoral donde los sublemas multiplican las candidaturas y terminan por consagrar representantes sin sustento popular suficiente.

La crisis de la política acarrea dos consecuencias más: la cíclica desaparición del Estado, reemplazado -bien que en zonas acotadas- por las vías de hecho o por los agentes violentos, y la influencia -en determinadas áreas de la administración- de militantes adscriptos a las prácticas antidemocráticas.

En Mosconi no sólo han muerto ciudadanos pacíficos y han resultado heridos gendarmes enviados para restablecer el imperio de la ley, sino que también están amenazados derechos fundamentales tales como el derecho a vivir en paz.

Si una combinación de pobreza, desgobierno, corrupción y violencia es perniciosa en cualquier sitio, es francamente grave en una zona de frontera castigada por el narcotráfico, el contrabando y la desesperanza, y en la mira de quienes buscan solidaridades con expresiones terroristas que operan más al Norte.

Pese a este cuadro preocupante, pienso que los problemas del noroeste de Salta tienen solución.

Una solución en donde los factores estrictamente locales se enmarquen en una serie de principios o condiciones generales: profundización de la democracia; lucha eficaz contra la pobreza; reconstrucción del Estado de derecho, de la paz pública y de la seguridad fronteriza; emergencia de una clase dirigente capaz, honrada y con vocación de servicio. Entrando en la temática local, hace falta crear dos nuevas instancias de gobierno. Una, la Mancomunidad de Orán y San Martín, dotada de autonomía, dirigida por una Junta Departamental con funciones definidas en materia de obras, servicios y tributos. Otra, un Consejo Económico y Social donde, además de los empresarios, trabajadores, profesionales y agricultores, participen las comunidades aborígenes. Ambas estructuras deberían financiarse con ahorros en el gasto político provincial y municipal.

Estos cambios locales deben inscribirse dentro de una más amplia reforma provincial, que refuerce las prácticas democráticas y reduzca drásticamente el gasto político mediante la eliminación del Senado, la profesionalización de la administración pública, y la despolitización de la ayuda social. Pero sin duda la más urgente de todas es la eliminación de la ley de lemas.

Es igualmente preciso reemplazar el actual régimen de coparticipación provincial, garantizando que un porcentaje importante de las regalías hidrocarburíferas sea administrado por aquella Mancomunidad y sirva para financiar un ambicioso programa de infraestructura, centrado en la inversión en capital humano, riego, energía barata y telecomunicaciones; además del ferrocarril y los buenos caminos que agilicen y abaraten la salida de la producción local hacia los dos océanos.