En EEUU se protege más a los ahorristas argentinos

El juez también rechazó el pedido de los abogados argentinos de disponer una prórroga para el dictado de la sentencia, pero a fin de darle cierto aire al proceso de reestructuración, resolvió otorgar una prórroga de sólo 45 días para la ejecución de la sentencia, es decir, llevar adelante el cobro compulsivo de las sumas adeudadas vía embargos, remates y otras medidas cautelares contra la propia reestructuración. Con lo cual, a la presión de los propios inversores (incluyendo los 500.000 ahorristas argentinos y los 9.000.000 de futuros jubilados con bonos en default), se suma la presión judicial, un poco más difícil de eludir. Este plazo de 45 días también se dispuso en las causas Old Castle, Lighwater y Macrotechnic. El juez se mostró muy duro con la Argentina por la dilación en el proceso de renegociación y anticipó que luego del plazo adicional habrá ejecución si el país no muestra avances concretos y una clara visión que quiere resolver el default.

Como hemos escrito varias veces en

Sin duda que esta sentencia complica la reestructuración ya que otros acreedores optarán por la vía judicial en lugar de acompañar el proceso. Más aún con las anunciadas quitas de 70%-80% (en el monto nominal o en el valor presente como consecuencia de la extensión de los plazos y/o reducción de los intereses), el paso lento del gobierno en esta materia, y el hecho de que todo el superávit fiscal comprometido con el FMI se destinará exclusivamente a pagar la deuda senior (BODEN, préstamos garantizados pesificados, bono provincial e intereses con FMI, Banco Mundial, BID) ya que no hay espacio para nada más conforme la estructura senior-junior que el gobierno le dio al endeudamiento poniendo en la categoría más baja (junior) a los inversores y jubilados argentinos con bonos defaulteados.