Iglesia católica pagará impuestos

Casi en silencio, el viernes pasado se conoció un cambio radical en la historia impositiva argentina. Ese día, la AFIP firmó con el Arzobispado de Luján-Mercedes un acuerdo por el cual la Iglesia Católica comenzará a pagar algunos impuestos. Si bien aún no está claro ni qué tributos ni en qué momento se hará efectiva la medida, se conoce que los impuestos estarán vinculados con el dinero que recibe la Iglesia por recaudaciones, servicios religiosos y renta de propiedades. Por ahora, el acuerdo alcanza sólo a esa jurisdicción, pero se supone que en los próximos meses habría nuevos arzobispados que se sumarían. Además, la Iglesia se compromete a ayudar a la AFIP en la lucha contra la evasión, "concientizando a la población" contra uno de los males "más execrables de la sociedad", según el texto firmado el viernes.

Héctor Rodríguez, administrador federal de Ingresos Públicos, se trató de un ansiado logro; para monseñor Rubén Di Monte, arzobispo de Mercedes-Luján, una adecuación a los tiempos terrenales, pero sin descuidar los supremos intereses de la Iglesia: lo cierto es que el viernes, por primera vez en toda su historia, una rama importantísima de la institución ecuménica religiosa argentina se avino a pagar impuestos correspondientes a determinados servicios y trata de ponerla en un plano de igualdad con respecto al resto de los contribuyentes. Pero al mismo tiempo, la Iglesia se arropa con un argumento de fuerte contenido moral: pegarle a la evasión, por un lado porque perjudica a los pobres y a la aplicación de la imposición injusta o discriminatoria y, por el otro, porque atenta contra la igualdad de oportunidades.
Ese testimonio histórico quedó plasmado en la firma de un convenio de la AFIP con el Arzobispado de Luján-Mercedes denominado con el nada sencillo título de «Acuerdo de Cooperación Técnica para la concientización social de los deberes fiscales, como conducta ética de la solidaridad». Pomposo nombre para comenzar a ordenar las cuentas de una jurisdicción eclesiástica que recauda aportes millonarios en concepto de donaciones, recaudaciones, servicios religiosos y renta de propiedades y que el criterio impuesto por Di Monte trata de encuadrarlo en las disposiciones del «Nuevo Tratado de Derecho Canónigo» dicta-do por Juan Pablo II que permite reglar con disposiciones de administración civil el manejo financiero de la Iglesia.

«Al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios», resume el cerebro jurídico de este acercamiento, el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, convertido -hoy-en influyente asesor de Di Monte y otras jerarquías eclesiásticas. La importancia del evento lo dio la presencia no sólo de autoridades religiosas -además, estuvo el vicario castrense, monseñor Oscar Sarlinga- sino también de civiles de todos los colores: intendentes de la región -Luján, Mercedes, Lobos, Suipacha, Chivilcoy y otros-jueces federales y nacionales -Gustavo Literas y Mariano González Palazzo-, representantes de las distintas cámaras empresariales de la región, además de gran cantidad de funcionarios de la AFIP de toda la zona. «La Iglesia no sólo pagará los impuestos que le correspondan sino que contribuirá a concientizar en contra de la evasión», se resumía en el frugal lunch -todo de acuerdo con los tiempos críticos que vive la sociedad-, que se sirvió en la Casa Anus, un local que debió alquilar el arzobispado para contener a tanta concurrencia.

La AFIP y el Arzobispado se comprometieron a elaborar «programas de difusión, capacitación y orientación tributaria», toda una novedad para personas ocupadas en difundir lo espiritual, pero que suele adquirir una fuerte trascendencia cuando se aboca a determinados materialismos. Sin embargo, se repite sin eufemismos que «la Iglesia no admitirá intromisiones en determinadas cuestiones de las que goza de prerrogativas otorgadas por convenios entre la Santa Sede y el Estado argentino», como el último concordato firmado en 1966 entre el ex nuncio apostólico, Humberto Mosoni, y el ex canciller Nicanor Costa Méndez durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía. Es más, para demostrar que no sólo en asuntos celestiales se está por encima de ideologías e intereses particulares, ese tratado fue incorporado a la reforma de la Constitución en 1994 con jerarquía institucional, superior a las leyes locales.

Una de esas inexpugnibilidades terrenales es la cuestión del voluntariado que para la Iglesia adquiere importancia suprema. «Si tiene supremacía constitucional, cualquier ley que pretenda vulnerarlo no sólo será execrada en los púlpitos sino que los mismos jueces civiles podrán declarar su inconstitucionalidad.» Una barrera jurídica que gusta plantear Dromi cuando recuerda que no se le puede imponer a la Iglesia limitaciones en cuanto al derecho de los fieles en dedicarle su tiempo a Dios -a su propio riesgo y voluntad-, sobre todo al ser ésta una institución reconocida, jerarquizada e identificada por la Constitución y las leyes del país. O sea, la Iglesia no está obligada a declarar los servicios y el tiempo que reciba por aporte de sus voluntarios.

Puede declarar el origen de los ingresos pero no el destino de los fondos y también se obliga a aportar previsionalmente, en las actividades donde no haya voluntariado, pero no se le puede imponer que este aporte no sea aceptado parcial o totalmente. Por eso, el acuerdo firmado en Mercedes pone especial énfasis «en regular convencionalmente el funcionamiento de la institución del voluntariado pastoral, a tenor de las disposiciones civiles, laborales y previsionales, tanto de los servicios voluntarios pastorales eclesiásticos, propiamente dichos, como de los servicios conexos de educación, caridad y solidaridad en lapsos razonablemente prefijados según el libre albedrío y el respeto de la libertad de culto».

Toda una definición que, por otro lado, no impedirá que se corrija el funcionamiento interno de las contabilidades de congregaciones que administran esa importante jurisdicción eclesiástica que recoge anualmente en la Basílica de Luján -depositaria de la imagen de la Virgen María y de la visita de unos 7 millones de fieles-y que deberán ajustarse a estos nuevos y estrictos criterios.

También deberán pagarse los servicios municipales -el entusiasmo se notó en el intendente de Luján, Miguel Angel Prince-que brinda una comuna que debe recibir tamaño incremento de su padrón habitual.

Es decir, «fijar las pautas de incidencia tributaria que tengan las actividades civiles de la Iglesia en la jurisdicción de Mercedes-Luján».
Pero, además, para ponerse a tono con las nuevas circunstancias de la función de «redistribución social» que debe adoptar la Iglesia, Di Monte ordenó venta de inmuebles -uno de ellos es un campo cuyos fondos serán volcados a la misión pastoral, previa deducción de los impuestos correspondientes-. Lo del viernes en Mercedes se vivió como un acontecimiento histórico que puede extenderse a toda la Iglesia y que nació por la autonomía de un arzobispado que depende directamente del Vaticano.