Legítima defensa policial

A raíz de la lamentable muerte de una inocente ajena al tiroteo ocurrido por el robo a un supermercado, una «testigo» se despachó contra la Policía pues adujo que debieron dejar robar y huir a los ladrones ya que ella pudo también ser víctima. Otros querían cerrar el negocio para evitar más robos sin importarles las fuentes de trabajo, el progreso, etcétera. La confusión se ha tornado grave, más en porte-ños típicos, cuyos ombligos priman sobre todo y por ello su regla es que está bien hacer lo que se les ocurra. De allí su prejuicio a cualquier autoridad o límite, ignorando que esos criminales son el resultado de su filosofía permisiva.

La Policía con armas de uso legal ejerce la legítima defensa constitucional cuando persigue a un malhechor y el agresor siempre es ilegítimo, de modo que el meollo está en la racionalidad empleada para repeler al delincuente.

Pero quienes delinquen con armas deben responder por las consecuencias predecibles y no sólo serán culpables por el delito del que huyen, sino también por las víctimas de la balacera con la autoridad legal. Sólo podrían beneficiarse si antes hubieran dejado sus armas, pues al continuar en la acción delictiva que dio origen a la legítima defensa policial, son responsables de la muerte del inocente sin importar de dónde provino la bala, salvo que se pruebe intención policial de matar a la persona ajena o manifiesto descontrol.

Si la Policía, en el ejercicio de su deber, no responde racionalmente a los criminales in situ, el delito se desborda y la anarquía destruye la convivencia social.