Los presos de La Tablada levantaron la huelga de hambre tras la conmutación de penas

Buenos Aires, dic. 29 (NA).-- Los condenados por el copamiento del regimiento de La Tablada que cumplían una huelga de hambre desde hace 116 días decidieron hoy poner fin a la medida, luego de que el Gobierno diera a conocer el decreto de conmutación de penas que permitirá la salida en libertad progresiva a partir del año 2.002.

Una hora después de que el Gobierno anunciara oficialmente que el presidente Fernando de la Rúa firmó el decreto de conmutación de penas, los voceros de los condenados anunciaron el fin de la medida de protesta, que cumplían desde hace semanas en los hospitales Fernández y Santojanni, a causa del deterioro de su salud.

El decreto presidencial que explicó en la Casa de Gobierno el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, implica que nueve de los 13 condenados podrían recuperar la libertad en forma condicional a mediados del 2002, sobre la base de la disminución a 20 años de la pena original de prisión perpetua que les impuso la Justicia en una única instancia.

Los condenados Norberto Felicetti y Claudia Acosta, en tanto, constituyen excepciones y su condena será respectivamente de 25 años y 22 años, pues cumplen reclusión por tiempo indeterminado, que les impide contar con los mismos beneficios que sus compañeros.

De tal forma, Felicetti cumplirá las dos terceras partes de su condena en el 2006 y recién entonces accederá a la posibilidad de recuperar parcialmente su libertad, mientras que a esa instancia, Acosta podría llegar 2 años antes.

El caso del líder del Movimiento Todos por la Patria, Enrique Gorriarán Merlo, y su ex esposa, Ana Sívori, es distinto y no les alcanzan los beneficios del decreto, ya que tuvieron una doble instancia de revisión ante la Corte Suprema de Justicia.

"No es lo que pedíamos pero es un avance en la situación", señalaron los familiares de los presos y el vocero del grupo Adrián Witemberg en una conferencia de prensa realizada minutos después de las 19:00 en la Plaza de Mayo.

El detalle de las penas conmutadas es el siguiente: Roberto Felicetti, a 25 años de prisión; Claudia Acosta, 22 años y una reducción de 20 años de prisión correspondió para Miguel Angel Aguirre, Luis Díaz, Isabel Fernández, Gustavo Mesutti, José Moreyra, Carlos Motto, Sergio Paz, Claudio Rodríguez y Claudio Veiga.

La firma de este decreto se produjo después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avaló las gestiones hechas por el gobierno de De la Rúa para que les otorgue a los condenados una segunda instancia judicial, a través de proyectos parlamentarios y presentaciones judiciales.

El rechazo de la Justicia a habilitar una instancia de revisión de las condenas que compatibilizaría la legislación argentina a los dictados del Pacto de San José de Costa Rica que tiene rango constitucional, y el fracaso de la vía parlamentaria colocaron al presidente Fernando de la Rúa en el camino de resolver la cuestión por la vía del decreto.

Como la resolución de la Corte Suprema de Justicia clausurando la vía judicial para el reclamo contenía elementos que limitaban al Gobierno para proceder modificar la Ley de Defensa de la Democracia, el presidente optó por la conmutación de penas.

El pronunciamiento de la CIDH dependiente de la organización de Estados Americanos (OEA), que el gobierno gestionó a través del encargado de la Cancillería Leandro Despouy, permitió al gobierno optar por esta vía.

Antes de tomar la decisión, el gobierno relevó la opinión de las Fuerzas Armadas frente a la conmutación y comprobó que a los cuadros en general les resulta "indiferente" esta salida.

De igual forma, De la Rúa logró unificar criterios en el seno del propio gabinete, en el marco del cual había posiciones encontradas entre algunos de sus principales referentes.

Al respecto, el Jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, la ministro de Trabajo, Patricia Bullrich, y, en particular, el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, terminaron por retirar sus observaciones ante la última decisión del presidente.

La recomendación para que De la Rúa disponga una conmutación de penas partió del ministro del interior, Federico Storani, quien rápidamente encontró como aliados al canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y, del secretario General de la Presidencia, Horacio Jaunarena.

Los atacantes al cuartel fueron juzgados por la Cámara Federal de San Martín de acuerdo con la Ley de Defensa de la Democracia, sancionada en 1985, que no da derecho a una apelación contra la sentencia.

Sin embargo, en 1997 la CIDH reclamó al Estado argentino que otorgue a los condenados el derecho a una doble instancia judicial, que está establecida en el Pacto de San José de Costa Rica y que la Argentina incorporó a la Constitución en su reforma de 1994.

El alzamiento del regimiento de La Tablada se produjo el 23 de enero de 1989 y del choque entre el ejército y el Movimiento Todos por la Patria hubo 39 muertos, 28 de los cuales resultaron del grupo rebelde.