En octubre de 2000 tuvo lugar en Buenos Aires la Primera Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero. El seminario fue organizado por el grupo norteamericano Alert Global Media, responsable de la publicación más importante de EE.UU. sobre el tema. El experto Charles Intriago hizo uso de la palabra en nombre del grupo organizador y la Argentina no fue mencionada en modo alguno.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Hace diez años, el G-7 creó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el objeto de denunciar y presionar a los países que no cooperasen con la lucha contra el lavado de dinero. En junio del año pasado, el GAFI confeccionó una «lista negra» de esos países; la Argentina no sólo no fue incluida en el informe del GAFI sino que fue invitada a fines del año pasado a integrar el grupo de países que evalúan el grado de cooperación de otros en la persecución de este delito.
El pasado 5 de febrero se emite un informe del Senado norteamericano sobre operaciones de lavado de dinero en el mundo, en el que se hace referencia a dos entidades que desde nuestro país habrían realizado operaciones sospechosas en asociación con un banco de Estados Unidos. El informe, absolutamente insustancial en lo que concierne a la Argentina, es el resumen de lo investigado por el equipo de trabajo de la minoría en el subcomité de investigaciones. No se trata, pues, de un informe oficial, ni de un dictamen de mayoría de esa cámara alta. Por otra parte, los datos referidos a la Argentina fueron proporcionados por legisladores argentinos que consideraron más atinado denunciar el lavado de dinero en el Senado de otro país.
Vergonzoso
Estos tres datos puestos juntos hacen que resulte más vergonzosa la histeria que se apoderó de algunos políticos locales y que los llevó a transformar una mención en un informe parlamentario extranjero en una condena internacional a la Argentina.
Existe una curiosa felicidad que embarga a ciertos sectores «progresistas» de algunos partidos políticos argentinos cada vez que creen ver alguna descalificación de nuestro país en medios extranjeros, que luego se encargan de ampliar con el mismo entusiasmo con que alguna vez quemaban banderas foráneas.
Así, para ellos la Argentina es la más corrupta (cada vez que una organización tan poco seria como Transparency International publica una lista confeccionada con criterios ampliamente descalificados); la más impune (cada vez que Garzón cita a ciudadanos argentinos a declarar ante sus tribunales). Ahora tienen un nuevo motivo de felicidad: la Argentina es la más lavadora (bandera que les permite recuperar bríos para su lucha cotidiana por el centimetraje del papel impreso, aunque sea a costa del prestigio de nuestro país en el mundo).
Sorprende que un gobierno que ha hecho de un salvataje una divisa (blindaje 2001) albergue a estos admiradores de Fidel Castro (Argentina, la más lamebotas) dispuestos a minar otro elemento de la «herencia recibida» que le permitió a la Argentina sortear sin corrida bancaria un año de desaciertos. Fue la política monetaria del Banco Central, su autonomía y la estabilidad en el cargo de su presidente lo que mantuvo a nuestro país al abrigo de la irresponsabilidad y la demagogia de estos nuevos héroes mediáticos.
Thomas L. Friedman, prestigioso columnista del diario «The New York Times», en 1999 publicó su libro «Tradición versus innovación» (récord de ventas en su país). En la página 444 puede leerse: «Una razón importante por la cual a la Argentina le ha ido mejor que a Brasil en años recientes es que una buena parte de su sistema bancario está en manos de los mejores bancos internacionales».
Tendencia peligrosa
La contemporaneidad de la casi cesación de pagos argentina con la crisis bancaria turca de diciembre pasado llevó a Steve Hanke de la John Hopkins University a afirmar que «con un régimen de convertibilidad y sin prestamista de última instancia, nada de esto hubiese sucedido (en Turquía). En realidad, los bancos se habrían visto forzados a sanear su comportamiento como lo han hecho desde 1991 en la Argentina».
Por todo esto creo que el gobierno debe modificar la peligrosa tendencia de permitir que cualquier elemento de impacto mediático coyuntural afecte los intereses estratégicos de la Argentina.
Dejá tu comentario