Política monetaria y la reforma del Estado

El debate en torno a los bancos públicos fue instalado por los organismos internacionales de crédito, priorizando recomendaciones de sesgo privatizador y eludiendo la posibilidad de encarar una discusión seria sobre la reestructuración necesaria para convertirlos en herramientas idóneas que apuntalen el actual escenario de reactivación.

Las fortalezas y debilidades de los bancos públicos deben evaluarse en el contexto planteado por la ruptura del régimen de convertibilidad, delineado por la creación de dinero, la oferta de crédito y la ampliación de los medios de pago.

Durante 2002, y contradiciendo todos los pronósticos que pontificaban acerca de la inexistencia de demanda de pesos en la Argentina, se reveló un incremento de las necesidades de medios de pago basados en papel moneda, bache que fue suplido, en parte, por la emisión de las denominadas cuasi monedas. Por el lado de la oferta, la política monetaria expresa una tendencia que ratifica el devenir de las últimas décadas, en la cual la expansión primaria de dinero depende del ingreso de divisas, a pesar de que la actualidad otorga márgenes para una emisión autónoma que acompañe el nivel interno de actividad.

• Novedoso

Si bien ésta es una tendencia vigente desde el comienzo de la aplicación de las políticas de enfoque monetario de la balanza de pagos a mediados de los '70, lo novedoso respecto de los '90 es que actualmente el tipo de cambio flota y que, a partir del default y la retracción de capitales internacionales, la oferta de divisas sólo puede provenir del superávit de la cuenta corriente. A su vez, otro aspecto distintivo, pero comparado con la década del '80, es que la emisión monetaria no responde a demandas de financiamiento del sector público.

En suma, en un marco de estabilidad, el excedente de la cuenta corriente del balance de pagos, aunado al equilibrio fiscal, crea condiciones favorables para que la creación de moneda acompañe el nivel de actividad y no esté sólo en función del nivel de reservas. Después de la ruptura de la convertibilidad, el coeficiente de monetización se sostuvo en torno a 20% del PBI, apenas unos puntos por debajo del vigente durante el auge del régimen de tipo de cambio fijo. Además, analizando los agregados monetarios, se observa que el circulante en poder del público alcanza 5% del PBI, reflejando que la demanda de dinero tampoco está tan alejada de los nivelesde los años noventa. Hasta aquí, la creación de dinero no logra autonomizarse completamente del sector externo, si bien adquiere mayor independencia de él, marcando una tendencia hacia la pesificación de la economía con un nivel de monetización adecuado. La diferencia potencialmente más pronunciada respecto de los '90 debería darse en la oferta de crédito, en donde el multiplicador del dinero puede alcanzar grados mayores de autonomía.

La tendencia seguida por el mercado de intermediación de dinero poscrisis la marca la retracción definida de los principales demandantes de la década del '90: el sector público y las grandes corporaciones privadas. Lo que está en juego hoy es la necesidad de construir segmentos de intermediación cuyas monedas se encuentren calzadas (mercado en pesos para actividades internas y mercado en dólares para financiar exportaciones), al menos para recomponer el capital de trabajo de corto plazo, eliminado el riesgo cambiario.

La situación descripta requiere que la capacidad de préstamo acumulada en los bancos comience a aplicarse en otro sector de demandantes menos concentrados, lo cual implica trabajar sobre dos aspectos: el descenso de la tasa de interés y la construcción de instrumentos que limiten el riesgo crediticio. La calificación de potenciales tomadores de crédito, capaces de generar volumen de negocios reflejados en algún instrumento comercial ( facturas, cheques, contratos de abastecimiento, órdenes de compra en firme, etc.), susceptible de ser descontado bancariamente, es un tema central, asociado al ya mencionado calce de monedas.

Definidos los esquemas que acotan el riesgo cambiario y crediticio, y con un panorama político más definido, conviene evaluar cómo la política monetaria permite contar con una masa crítica de fondos a baja tasa que estimula la demanda de crédito y que obra como testigo en el mercado. Los instrumentos inmediatos para tal fin son dos: la emisión monetaria y la baja de encaje en las cuentas transaccionales.

El actual debate sobre el descenso del tipo de cambio y su impacto negativo sobre los equilibrios macroeconómicos posconvertibilidad plantean la necesidad de un tipo de cambio más alto. Una elevación de 25 centavos supondría la posibilidad de emitir alrededor de $ 2.900 millones. A su vez, por un procedimiento que no alteraría la estabilidad monetaria, el BCRA podría colocar en poder de los bancos $ 2.500 millones para inyectar en el mercado de crédito: $ 1.500 millones por la vía de redescuento y $ 1.000 millones por una rebaja de encajes de 3 puntos (de 35% a 32%) sobre las cuentas transaccionales.

Es en este punto donde la mirada se vuelve hacia el conjunto de los bancos públicos. En efecto, si existe una masa crítica de $ 2.500 millones para volcar en crédito al sector privado en condiciones preferenciales de tasa y calificación, los principales administradores deberían ser los bancos públicos, organizados como sistema, principales depositarios de esa masa crítica.

• Dos procesos

La reforma de la banca estatal, entonces, debe situarse en su capacidad tanto para administrar esos fondos conforme a las políticas que las autoridades económicas fijen en término de incentivos a la producción, como para ampliar el volumen de fondos disponibles a baja tasa y largo plazo.

Por lo tanto, la banca pública debe encarar dos procesos paralelos: uno como sistema, que es constituirse en banca de desarrollo de alcance nacional. Allí el financiamiento deberá estar dotado de los mecanismos de calificación de riesgo y viabilidad del proyecto impermeables a la discrecionalidad de la política partidaria y/o de la cooptación de intereses empresariales. El otro proceso implicará regionalizarse para brindar créditos y servicios bancarios minoristas, actuando como testigo de precio en el mercado.

En estos dos procesos, radica la organización de la banca estatal como sistema, una banca de desarrollo con alcance nacional y una banca regional minorista. Para esta última, se requiere una reestructuración administrativa que incorpore la informática que permita organizar los bancos por cliente y no por producto. El cambio del sistema informático central determinará una modificación en la forma de organización del trabajo, de carácter irreversible, que tornará inviable cualquier resistencia cultural y facilitará sensiblemente los procesos de control interno. Esta reforma administrativa sistémica, acompañada de una política salarial ligada a la obtención de resultados, elevará sensiblemente la competitividad de los recursos humanos de las instituciones bancarias públicas.

La nacionalización de las políticas crediticias para el desarrollo y la regionalización de las políticas bancarias minoristas son claves para administrar una masa de recursos monetarios, que inmediatamente el gobierno nacional puede disponer para apuntalar la reactivación económica producida por el cambio de precios relativos emergente de la rupturesra del régimen de convertibilidad. El sistema de bancos públicos organizado y reformado, no con incorporación de capital privado, sino a partir de políticas públicas modernizantes, es un asignador central de los recursos que apuntalan el proceso de reestructuración productiva que el país requiere.

Este proceso de una política monetaria y crediticia, en línea con el desarrollo económico, debe complementarse con dos intervenciones: la primera, como ya se señaló, es el cambio en las normas de calificación de riesgo para los préstamos de corto plazo. La segunda es la de limitar la capacidad de los grandes compradores e intermediarios de la economía para financiarse con sus proveedoatomizados pues, de lo contrario, estos últimos jamás pueden recomponer su capital de giro.

En síntesis, la necesaria reestructuración de los bancos públicos debe hacerse en el marco de una completa política de relanzamiento del crédito al sector privado, especialmente a los actores menos concentrados, lo cual refiere, como se dijo, al principio de creación de dinero, política crediticia e intervención en el sistema de medios de pago. Lo que se propone es, entonces, una modernización del sector público bancario, en línea con la necesidad de promover el desarrollo económico y la regulación del mercado, donde la incorporación de capital privado no parece ser el instrumento idóneo.