Tiene serios errores el decreto de suba salarial

El aumento salarial supuestamente obligatorio de $ 100 está contenido en un decreto reglamentario, en un marco de fuertes contradicciones que generarán conflictos en cuanto a su exigibilidad y a su aplicación. La norma establece que la suma debe pagarse a los trabajadores de la actividad privada comprendida en los convenios colectivos, excluyendo a los trabajadores fuera de convenio, al sector público, el servicio doméstico y el trabajador agrario. Por lo pronto, el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones legales para disponer un aumento de salarios obligatorio para el sector privado. El objetivo de distribuir los ingresos dispuesto por la Ley de Emergencia Económica no implica ni presupone la restricción a la libertad contractual que importa entrometerse en los contratos privados de trabajo a fin de fijar aumentos obligatorios. Recordemos que el decreto establece el pago de la suma de $ 100 sólo a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos de trabajo del sector privado. La ley tampoco faculta al Poder Ejecutivo para alterar o calificar la naturaleza jurídica de una prestación, en este caso, la suma fija de $ 100, atribución que es exclusiva de una ley de fondo dictada por el Parlamento, o en su caso, un decreto de necesidad y urgencia que sobre el particular no se ha dictado. Otra incógnita surge del extraño tratamiento que ha recibido la suma de $ 100. Todos sabemos que un círculo no es ni puede ser un cuadrado. Por ende, si una prestación ha sido calificada de no remuneratoria, calificación que no es posible formalizarla a través de un decreto, no puede ser compensada con prestaciones de distinta naturaleza, y el decreto admite la compensación con prestaciones de ambas naturalezas sin reservas. Si se trata de una prestación no retributiva, no debería contar con cargas sociales y las tiene (obra social y PAMI). La suma no es computable como base a ningún efecto, sin embargo, las contradicciones de las que hablamos podrían determinar que esta suma no es otra cosa que parte de la retribución. Si así fuera, y tal determinación lo harán los jueces en el momento en que analicen algún conflicto individual, los $ 100 serían computables para las licencias pagas, las vacaciones, para la base de cálculo de enfermedades o accidentes inculpables o del trabajo, para el preaviso o el aguinaldo y para las indemnizaciones. •Fallas curiosas En el plano cotidiano, integrarían la base para las horas extra o para el cálculo de incentivos que se generan en proporción a la retribución. En otro orden de cosas, la norma tiene fallas de redacción realmente curiosas. Por lo pronto, el art. 1ro. parece afirmar que el pago de los $ 100 es por única vez, ya que no establece la periodicidad mensual. Es más, la redacción pone en duda la obligatoriedad del pago, ya que no expresa como una obligación sino como una determinación. Esta prestación finalmente tiene plazo, ya que rige hasta el 31 de diciembre de 2002. Al cumplirse el término no se sabe qué ocurrirá, si caduca, si debe convertirse en una prestación salarial, si puede incluirse en una negociación con el gremio para su eventual absorción o inclusión en un aumento salarial mayor. Por último, insólitamente, el supuesto deber de pagarlo comprende a todos los trabajadores, estén suspendidos o no, se encuentren en crisis o en concurso o quiebra, o sufran dificultades financieras que ya generaron atrasos en el pago de salarios. Ni hablar de la grave situación por la que atraviesan las pequeñas empresas o emprendimientos. En otros términos, parece absurdo que no se hayan contemplado los casos de crisis graves por las que están pasando innumerables empleadores. Lo deseable hubiera sido que el aumento se fijara sólo para aquellas actividades que lo pudieran pagar y que se encontraran en condiciones de hacerlo. Al fijar una pauta tan amplia sin ninguna excepción, el aumento será de aplicación selectiva, y puede desgraciadamente tener efectos inflacionarios y seguir generando más desempleo.

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